Más de ochenta organizaciones políticas, sociales y sindicales se reunieron para intentar frenar el proyecto de Código Contravencional que impulsa el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa “viola la Constitución nacional y la provincial y los derechos individuales y colectivos más elementales”, declararon al término del encuentro. Al mismo tiempo, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, insistió en que el proyecto implica ponerse “al frente de la lucha” contra la inseguridad y advirtió que si no se hace “eco del clamor popular por más seguridad y justicia, el avance de la delincuencia no se va a poder ir revirtiendo”.

En un salón de la Legislatura provincial, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky; Hugo Cañón, de la Comisión por la Memoria, y Hugo Godoy, de Asociación de Trabajadores del Estado, coincidieron en los aspectos más preocupantes de la iniciativa de Scioli, que habría sido redactada por su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli.

Verbitsky señaló que el proyecto “sin duda será declarado inconstitucional pero cuando sea declarado inconstitucional habrán pasado uno, dos o tres años y el daño estará hecho”. “El código –indicó– es un efecto de la absoluta ineficiencia del gobierno para dar respuesta a los reclamos legítimos de seguridad y un profundo caso de corrupción: es evidente que se trata del financiamiento de la política con recursos espurios obtenidos por parte de la regulación del delito a cargo de la Policía Bonaerense.”

Cañón, quien también actúa como fiscal federal en Bahía Blanca, aseguró que “en el trasfondo de todo esto hay amplios sectores autoritarios que están impulsando una vuelta para atrás que encubre un disciplinamiento social profundo”. Uno de los aspectos más cuestionados por las organizaciones fue el artículo 80, que sanciona “a quien circulare por la vía pública con atuendos destinados a ocultar su rostro de manera que impidiere y obstruyere su identificación”. Las entidades resaltaron que el artículo está destinado a frenar las protestas, sobre todo las protagonizadas por piqueteros.

En diálogo con Página/12, Hugo Godoy aseguró que desde la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) harán todo lo posible por detener el proyecto de reforma. “Vamos a ampliar la campaña de difusión para involucrar a la sociedad en el debate sobre esto, que en la práctica es un estado de sitio.” El sindicalista aseguró que el proyecto es “más duro que el código de faltas actual, que rige desde la dictadura militar”. Y puso ejemplos: “Hay figuras como la de ‘actitud amenazante’ o ‘merodeo’ y le da atribuciones a la policía para detener a menores de 14 años sin autorización judicial, incluso amplía la potestad policial para detener más tiempo a las personas”.

“Scioli intenta hacer parecer que ellos proponen sólo lo que la gente pide y eso es falso –sostuvo Godoy–, él intenta establecer mecanismos de represión y miedo para protegernos a costa de nuestro destino.” Tanto el CELS como la CTA se pusieron en campaña para detener el proyecto o lograr que se vote en contra. El CELS, indicó Verbitsky, va a “presentar una impugnación a este proyecto de ley, que además se intenta sancionar de apuro, sin análisis y discusión”. Desde la CTA prometieron “movilizarse de todas las formas posibles” en todos los municipios de la provincia, no sólo en La Plata.

Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, explicó a este diario los tres puntos “más preocupantes” del proyecto de ley. “En primer lugar es inconstitucional por el tipo de faltas que legisla, las sanciones y más que nada los jueces que las van a aplicar, que van a ser nombrados por el Poder Ejecutivo provincial y los Concejos Deliberantes municipales y no por el Senado, como debería ser”, dijo Chillier.

En segundo lugar, continuó, el proyecto desoye las recurrentes advertencias del juez de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Zaffaroni sobre la creciente y preocupante autonomía policial. “El gobernador pretende devolverle el poder a la Bonaerense y esta autonomía va a generar casos de violencia y desaparición, nuevos casos como el (Miguel) Bru, (José Luis) Cabezas y (Luciano) Arruga.” El último punto es “la tomada de pelo” a la sociedad porque, según Chillier, “no responde en absoluto a las demandas de seguridad y las demandas sociales”.

También la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, repudió la iniciativa del gobernador Scioli, a quien acusó de tener un “lado fascista”. “El pueblo para ellos es blanco fácil: cartoneros, prostitutas, cuidacoches, limpiavidrios, niños y jóvenes pobres, el castigo a la protesta social”, enumeró Bonafini. Para ella, la dupla Scioli y Stornelli “no cambia, siempre pensaron igual”. “La frase ‘recuperar la calle para la Bonaerense’ los pinta de cuerpo entero”, escribió en un comunicado de prensa.

Por todos estos motivos, las 86 organizaciones que repudian el proyecto de reforma al Código Contravencional irán a la Justicia. Son, además de las mencionadas, varias APDH bonaerenses, CTA, Suteba, Fundación Sur y las asociaciones Pensamiento Penal y Judicial Bonaerense. En un comunicado conjunto, declararon que la reforma “viola la Constitución nacional y provincial y los derechos individuales y colectivos más elementales”.