“La mayor parte de los problemas que tienen los chicos con la ley penal son infracciones menores, pero los hacen aparecer como los grandes criminales”, advierte Susana Villarán. Es peruana, especialista en seguridad ciudadana, activista por los derechos humanos e integrante del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Villarán vino a la Argentina en visita no oficial para ver el cumplimiento en el país de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al cumplirse 20 años de su aprobación en el seno de la ONU. En una entrevista con Página/12, señaló las principales asignaturas pendientes, entre ellas la sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil, y describió experiencias exitosas de reducción de la participación adolescente en el delito. “Los gobiernos locales son los que tienen que trabajar en esto, abriendo casas de juventud, con políticas recreacionales, culturales, para hablar el lenguaje de los jóvenes a través de propuestas creativas, donde ellos se sientan parte de la solución y no siempre el problema”, recomendó.

Villarán estuvo con niños, niñas y adolescentes del conurbano en un acto en la Cancillería y también viajó hasta Jujuy para encontrarse con chicos migrantes bolivianos. Llegó a Buenos Aires invitada por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y Save the Children, entre otras organizaciones de la sociedad civil, en el marco del vigésimo aniversario de la CIDN, que se celebra hoy. “Por un lado estamos festejando, pero es una conmemoración que nos trae a la mesa en cada país cuáles han sido las recomendaciones del Comité al Estado para el efectivo disfrute de los derechos de niños y niñas”, señaló Villarán. Las últimas recomendaciones a la Argentina fueron realizadas en 2002. Actualmente, el Gobierno ya presentó un nuevo informe oficial, que será contrastado con un informe alternativo elaborado por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, que reúne a ONG especializadas. En junio la situación argentina será analizada en una sesión del Comité, en Ginebra.

Villarán es, además, presidenta del Instituto para la Seguridad Ciudadana (ISC) en el Perú e integrante del Advisory Board of the Academy on Human Rights and Humanitarian Law at American University’s Washington College of Law. Y feminista.

No es la primera vez que viene a Buenos Aires. Está impactada por el estado de salud de Rubén Carballo, el adolescente de 17 años que quedó en coma tras concurrir a un recital de Viejas Locas donde hubo represión policial (ver página 19). “El Comité de Derechos del Niño hizo una recomendación muy clara en este aspecto: se debe capacitar a la policía, investigar y sancionar los casos de violencia institucional. Donde hay impunidad, hay repetición crónica”, advirtió.

–¿Cuáles son las asignaturas pendientes de la Argentina en materia de niñez?

–Hay problemas estructurales que se arrastran desde la época de la última dictadura militar. Por ejemplo, la Justicia penal juvenil. La norma vigente no contempla las garantías mínimas que debe tener todo niño o niña cuando comete infracciones. En ese sentido, el Comité, en su informe de 2002, planteó una profunda preocupación.

–Hay un proyecto consensuado en el Senado, que fue aprobado en general y podría tratarse la semana próxima en particular. Establece la privación de libertad como último recurso y en el caso de delitos gravísimos, pero baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

–En su observación general Nº 10 sobre justicia penal, el Comité plantea una edad mínima de 12 años. Pero inmediatamente aclara que no quiere decir que los Estados en los que esté fijada en 16 o 18 años puedan reducirla. La posición oficial del Comité es no bajarla. Por muchas razones: porque los niños y niñas requieren de una protección integral de medidas alternativas a la privación de libertad, socioeducativas, de justicia restaurativa, diversas medidas que están dando resultados espectaculares en el sentido de que los infractores no reinciden.

–¿En qué consiste la justicia restaurativa?

–Es una nueva filosofía cuando se habla de niñas y niños que infringen la ley. Consiste en poner mucho acento en la prevención, en lo comunitario, en la familia y en la escuela, es decir, evitar que el niño que está en riesgo de cometer un delito lo cometa. Aclaro que se es niño hasta los 18 años, independientemente de lo que diga la ley. Si comete una infracción, en justicia restaurativa el niño puede, por un lado, asumir su responsabilidad, que es lo que todos queremos para dejar de lado esa sensación de impunidad, y por otro, reparar a la víctima, pero no es castigado con la privación de la libertad sino a través de una serie de medidas como servicios comunitarios o educativos. La mayor parte de los problemas que tienen los chicos son infracciones menores y los hacen aparecer como los grandes criminales. La participación de los niños en los homicidios, las violaciones y los secuestros es minoritaria. Pero la percepción ciudadana es que la gran mayoría de los crímenes en las calles es cometida por chicos y chicas. Entonces, hay una criminalización de los niños y una consecuente política de represión contra ellos, un llamado a bajar la edad de responsabilidad penal y a abrir más cárceles para privarlos de la libertad. Esta es la perspectiva que vemos.

–Hizo una radiografía de lo que sucede cada vez que hay un hecho violento que los medios de comunicación masiva se encargan de amplificar.

–Es una tendencia regional. En Centroamérica, donde están las maras y donde hay una actividad delictiva mayor y más letal, sigue siendo una minoría de niños los que infringen de manera severa la ley penal. ¡Qué cosa! Como no somos capaces de darles oportunidades, como nos dan tanto miedo, los castigamos. La sociedad no se reconoce en ellos, no se reconoce en sus hijos. ¿Cuántos niños existen privados de su libertad que no han cometido ninguna infracción sino que están en una situación de desventaja social por discriminación, por pobreza, por exclusión? Hay muchísimos en Buenos Aires y en el resto del territorio argentino.

–¿Cómo se debe trabajar desde la prevención?

–Una de las recomendaciones del Comité a la Argentina es clarísima: estudiar el problema de la violencia doméstica, extender el registro de casos, que se judicialicen con apoyo especial a los niños víctimas. El tema de las familias violentas, expulsoras, requiere de políticas sociales de prevención y de atención y recuperación de las víctimas. Otro problema es el de la educación: la escuela no retiene a los niños, ha bajado su calidad, los aburre y no les da respuestas a las preguntas que se están haciendo, que tienen que ver con la generación de oportunidades. Los gobiernos locales tienen que abrir casas de juventud, con políticas recreacionales, culturales, grafitteros, para hablar el lenguaje de los jóvenes a través de propuestas creativas, donde ellos se sientan parte de la solución y no siempre el problema.

–¿Hay experiencias exitosas?

–La recuperación de espacios públicos, bien iluminados, para los niños, adolescentes y jóvenes en Medellín y Bogotá ha sido fundamental. Otras medidas importantes consisten en iluminar las calles para evitar el riesgo y también prevenir la microcomercialización de drogas. Luego, darles oportunidades para que se expresen en todas esas formas de voluntariado social que son tan importantes y que los jóvenes están buscando y nadie se las ofrece. Son iniciativas que, está medido, bajan la criminalidad.

–¿Se está considerando a los niños y niñas sujetos de derecho como marca la Convención?

–Es la gran pregunta a 20 años de su aprobación. Se ha abierto una gran conciencia de que los niños tienen derechos. Y los niños están crecientemente tomándolo en serio. En el Comité tenemos el privilegio de ver en distintos países organizaciones de niños, niñas y adolescentes que promueven y defienden sus derechos en la escuela, en los barrios. Este ha sido el cambio más importante.