A un año de la desaparición de Luciano Arruga, el chico de 16 años que fue visto por última vez en una esquina de Lomas del Mirador, en La Matanza, la causa por “averiguación de paradero” no tiene imputados. Sin embargo, la fiscal Celia Cejas, a cargo de la causa desde marzo, aseguró a Página/12 que “la hipótesis de la responsabilidad policial es la más firme” y las sospechas están puestas en los ocho efectivos que cumplían funciones la madrugada del 31 de enero en el destacamento de Lomas del Mirador. Los abogados de la familia Arruga solicitarán que los uniformados sean citados a declarar como imputados a partir de los testimonios contradictorios que dieron en varias audiencias, en calidad de testigos. “No tengo esperanzas de encontrar a Luciano mientras se mantenga la forma de trabajo de la policía y la complicidad con el sistema político y judicial”, afirmó Vanesa Orieta, hermana de Luciano. El peritaje de los libros policiales finalizado en diciembre tampoco permitió agregar pruebas contundentes a la causa.

Luciano Arruga desapareció el 31 de agosto de 2009. Lo vieron por última vez en la esquina de Perú y Arriola. Como el chico había sido detenido previamente por policías del destacamento local, sus familiares sospechan que su desaparición está relacionada con el accionar policial, concretamente, con una detención ilegal. Comparan el caso del estudiante Miguel Bru, que fue asesinado tras ser detenido en una comisaría de La Plata, en 1993, pero cuyo cadáver nunca apareció.

El peritaje de los libros del destacamento de Lomas del Mirador y de la Comisaría 8ª –de la cual depende el puesto policial– es la última información adjuntada a las más de 2000 fojas de la causa Arruga. En primer término, el informe revela irregularidades en el seguimiento de las tareas policiales, además de ratificar que Luciano aparece registrado el 22 de junio –por averiguación de antecedentes– y 21 de septiembre –acusado de un robo que nunca prosperó en la Justicia– de 2008, antecedentes que desde el inicio de la causa ponen la mirada sobre el puesto policial, ubicado a cuatro cuadras de donde vivía Luciano.

Además, en las dos detenciones previas a su desaparición, Arruga –según el testimonio de los uniformados– permaneció nueve horas detenido en la cocina de la casa que funciona como destacamento, sin celdas para tener personas detenidas. De la detención de septiembre, también consta en la causa un estudio clínico realizado tras su liberación que indica que el joven presentaba golpes, algo que fue ratificado en la causa por una profesional del Policlínico San Justo.

Pero la fiscal Cejas, responsable de la causa que tramita en la UFI Nº1 de La Matanza, buscaba en el peritaje de los libros pruebas sobre un posible ingreso de Luciano la noche de su desaparición. “No hay nada que dé indicios de un registro del ingreso de Luciano el día de su desaparición. En la madrugada del 31 de enero, en el libro del destacamento lo único que hay es el número de un chaleco policial mal anotado.”

Consultada por la posibilidad de que se haya omitido el registro del ingreso de Arruga a la seccional, la fiscal dijo que “aún no hay testimonios de alguien que lo haya visto en el destacamento esa noche”.

La pista más fuerte que existe en la causa es un rastrillaje con perros que indicaron el rastro de Luciano en un auto abandonado en el patio trasero al destacamento y en un patrullero. Por otra parte, en la causa se determinó que los dos móviles policiales del destacamento que patrullaban aquella noche estuvieron detenidos en el Monte Dorrego, un predio municipal arbolado donde un rastrillaje con perros realizado en abril indicó que allí había estado el cuerpo de Arruga. Lo llamativo es que esos dos móviles –detectados en ese lugar por las antenas AVL– debían estar por rutina patrullando en forma separada. Esta prueba, obtenida hace diez meses, es la más fuerte de las obtenidas hasta ahora en el expediente, indicó Cejas.

“La causa quedó frenada en ese rastrillaje de abril, aunque a partir de eso se sigan realizando investigaciones. Lo concreto es que Luciano sigue sin aparecer y los ocho policías siguen libres (fueron puestos en disponibilidad y luego reincorporados por el Ministerio de Seguridad bonaerense). Este es el resultado de una política que está desinteresada de los sectores más vulnerables. No tengo esperanza de encontrar a Luciano mientras se mantenga la forma de trabajo de la policía y la complicidad entre el sistema político y judicial”, sentenció Vanesa Orieta, hermana de Luciano.

Las pruebas de rastrillaje –las más fuertes en 365 días– tienen una debilidad: el tiempo transcurrido entre la noche de la desaparición de Luciano y el momento en el que se tomó la prueba. “La causa tiene una irregularidad en sus primeros 45 días, cuando la fiscal Roxana Castelli apostó por investigar una hipótesis que relacionaba a Luciano con la venta de drogas y un supuesto secuestro extorsivo. Mientras todo señalaba que se debía investigar a la policía”, explicó Juan Manuel Combi, abogado de la familia de Arruga e integrante del Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, que actúa como amicus curae en la causa.

La fiscal Castelli fue removida en marzo por la Fiscalía General por haber puesto la investigación en manos de la policía cuando oficiales de la fuerza están sospechados del delito que se investiga. El sumario que se le abrió en la Procuración General de la Nación no mostró avances. Por eso, los abogados de la familia estudian solicitar un jury de enjuiciamiento contra Castelli.

Desde que Cejas tomó la causa se realizaron rastrillajes, se tomaron rondas testimoniales a los policías del destacamento, la Comisaría 8ª y la comisaría de Don Bosco, se llamó a declarar a los presos que estuvieron detenidos en la noche de la desaparición de Luciano. Uno de esos detenidos reconoció a Luciano en una foto como uno de los chicos que estuvieron en esos días en la Comisaría 8ª y aseguró haber visto cómo torturaban allí a un menor de edad. Sin embargo, la fiscal no confía del todo en estos datos.

En ese sentido, Combi coincidió con que “todavía no hay elementos contundentes para imputar a una persona en particular por la desaparición de Luciano” pero aclaró que “sí hay elementos sustanciales que indican que la policía está vinculada y, transcurrido un año de investigación, hay que trabajar sobre las declaraciones testimoniales en las que los policías se contradicen para llamarlos a declarar como imputados”, adelantó el abogado de la familia.

“No sólo nos interesa la aparición con vida de Luciano y tener justicia para investigar quién lo desapareció sino que no haya más pibes detenidos clandestinamente, que no haya un destacamento que no tiene razón de ser. Está probado que el destacamento detiene personas clandestinamente por los mismos policías que declaran que Luciano estuvo detenido ahí por nueve horas en una cocina”, advirtió Combi.

Informe: Nahuel Lag.