El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas elogió los avances en materia de juzgamiento a responsables de crímenes de lesa humanidad y las reformas procesales para agilizar los procesos, pero destacó su preocupación por “la lentitud” que se registra en todas las etapas del proceso judicial. Citó como ejemplo a Mendoza, un caso extremo donde no hay represores presos ni juicios a la vista, pero sí jueces denunciados por su complicidad con el terrorismo de Estado, como los camaristas Otilio Roque Romano y Luis Miret. El órgano de la ONU, encargado de controlar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por la Argentina, también reclamó el esclarecimiento de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en septiembre de 2006, y la inclusión entre las graves violaciones de derechos humanos de “aquellas con contenido sexual”, que hasta el momento no han merecido mayor atención por parte de los magistrados argentinos, quienes subsumen el delito entre otras tantas formas de torturas aplicadas durante la dictadura.

Entre los hechos que el Comité “acoge con agrado” se incluyen los “avances en el enjuiciamiento de responsables de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar y en la recuperación de la identidad de niños apropiados”. También “la adopción de diversas leyes que modificaron el Código Procesal Penal de la Nación con miras a agilizar los juicios” y “la creación de la Unidad Especial de Investigación en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y del Banco Nacional de Datos Genéticos”. El Comité celebra la adhesión argentina a la Convención sobre la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que goza de rango constitucional, y de la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Entre los “motivos de preocupación”, el Comité señala “la lentitud en el avance de las causas en sus diferentes etapas, incluida la Cámara de Casación Penal, especialmente en algunas provincias como Mendoza”. Reclama al Estado “un esfuerzo riguroso” para “garantizar que las violaciones graves de derechos humanos, incluidas aquellas con contenido sexual y las relativas a la apropiación de niños, no queden impunes”. El énfasis en el delito de apropiación es cuanto menos llamativo, pues 2009 fue uno de los años con mayor cantidad de casos esclarecidos. El organismo, que integran expertos independientes, también expresa su preocupación “frente a actos tendientes a amedrentar” a los testigos de los juicios a represores y reclama “la aplicación efectiva del Programa de Protección de Testigos e Imputados”. Cita como ejemplo “el secuestro y desaparición de Jorge Julio López”, ocurrido tres años atrás, y reclama al Estado “esfuerzos para esclarecer su paradero e identificar y procesar a los autores de su desaparición”.