“Cuando una organización criminal da como favor lo que el Estado debe garantizar como derecho es imposible derrotar a la mafia”, dice Antonio Dell’Olio, director de Libera Internacional, una organización nacida en Italia como una red de grupos sociales que luchan contra la mafia. Dell’Olio llegó a Buenos Aires con una delegación de Libera para promover en América latina un red similar para luchar contra la criminalidad organizada. Aquí, el grupo mantendrá hasta el lunes reuniones con organizaciones como las Madres contra el Paco, la Red No a la Trata y la Fundación La Alameda, entre otras. Se llevan a su país el “modelo argentino de protección psicológica de los testigos” en los juicios contra represores, implementado por el Estado, con la idea de promover una campaña para su puesta en práctica en Italia.

Libera nació en los ’90 en un país jaqueado por los ataques de la mafia a toda la sociedad. Su primera acción consistió en reunir un millón de firmas para impulsar una ley para confiscar los bienes de las organizaciones criminales y permitir su uso social. “La ley se sancionó en 1996, no a partir de un proyecto del gobierno o de un partido político, sino por el respaldo de las firmas”, dijo Jorge Ithurburu, argentino residente en Italia y miembro de la organización 24marzo, impulsora de los juicios en ese país contra represores argentinos e integrante de la red Libera.

“Libera nació durante la época de las masacres en Italia, cuando grupos locales comenzaron a reaccionar contra los crímenes de la mafia, cuando las mujeres de Palermo comenzaron a colocar sábanas blancas en las ventanas de sus casas, como muestra de repudio. Entonces la red surgió como acompañamiento a estas fuerzas de rebeldía. Hoy está integrada por 1500 organizaciones sociales”, relató Dell’Olio, que es sacerdote y coordinador de la red. Este miércoles participó de un seminario organizado por la Defensoría del Pueblo porteña, en la que presentó su propuesta para que en Argentina se debata la confiscación de bienes a las organizaciones criminales. Luego del seminario concedió una entrevista a Página/12.

–¿Cuáles son los métodos de la sociedad civil para luchar contra la mafia?

–Uno de los métodos es la educación. La mafia necesita de hombres, de personal, muchas veces recurre a los barrios más pobres, entonces tenemos que trabajar ahí. Siendo capellán en una cárcel de máxima seguridad, conocí a un jefe mafioso al que le pregunté como había entrado en la organización. Me contó que fue a los 8 años, estaba jugando a la pelota en la calle cuando le pidieron que avisara si venía alguien mientras descargaban cigarrillos de contrabando. Le dieron un regalo y entonces, al otro día, no esperó que lo vinieran a buscar, él fue a buscarlos a ellos. La criminalidad organizada tiene elementos para reclutar a estos niños. La historia de una persona cambia según la oportunidad que le llegue primero: a ellos les llegó antes la camorra. Como sociedad civil podemos llegar antes que ellos.

–¿Cuál es la importancia de la confiscación de bienes en la lucha contra la mafia?

–Confiscar los bienes es golpear en el corazón de la mafia. Ellos pueden estar orgullosos de soportar la cárcel y mientras tanto la organización sigue trabajando. Lo que les duele no es la cárcel, sino sus bienes, su economía.

–¿Qué hace el Estado con esos bienes?

–Desde que se sancionó la ley, hace catorce años, se han confiscado 8000 bienes inmuebles, de los cuales 4000 están siendo usados socialmente, como hogares para ancianos o personas sin techo, o sedes de organizaciones civiles. Con el dinero se financian programas de asistencia a las víctimas y programas sociales. Nosotros hemos creado un consorcio que se llama Libera terra, una marca de productos elaborados por cooperativas juveniles de trabajadores, que fabrican pastas, vino, aceites de primera calidad y se venden en los supermercados. El que lo compra está contribuyendo con la antimafia. Estos jóvenes de Sicilia, Calabria, Puglia y Campania, que son los lugares donde actúan las organizaciones criminales, ya no tienen necesidad de tocar la puerta de mafiosos o políticos para pedir limosna.

–La corrupción policial suele ser una aliada de la organizaciones criminales. ¿Cómo se combate?

–La corrupción es la otra cara de la criminalidad. Las organizaciones de base y los expertos coinciden en que en Argentina la corrupción policial es un obstáculo para la lucha contra el crimen. Nos han contado casos en que la respuesta policial y judicial es escandalosa. En Italia pasa, pero no en el mismo nivel. Allí también hubo jueces y policías asesinados por la mafia. Esto se combate con una selección estricta de los que quieren trabajar como policías, una capacitación técnica y ética y, por supuesto, una buen salario.

–¿Cuál es la estrategia, en Italia, en la lucha contra la trata de personas?

–En este momento, el gobierno está actuando con una ley dura contra la inmigración. Para evitar el ingreso desde Africa, el gobierno de Libia, con plata italiana, se ocupa de frenar a los inmigrantes. El problema es que cuando la ley es dura, las organizaciones criminales crecen y obtienen más ganancias. Ahora los migrantes clandestinos llegan en avión a Milán, con pasaporte falso. Como no pueden pagar, contraen una deuda que, cuando entran en Italia, tienen que pagar con trabajo o en la prostitución. La ley dura no favorece la lucha contra la criminalidad, sino a las organizaciones criminales. Lo que necesitamos es una política social más fuerte, una organización para contener a esta gente, no expulsarlos.