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La Sala I de la Cámara Federal responsabilizó a Mauricio Macri del “armado” de “una estructura de inteligencia subterránea” y “prohibida por la ley” vinculada a “su Policía Metropolitana” y confirmó su procesamiento como miembro de la asociación ilícita en la que su función, detalló, fue “asegurar que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de recursos y, de tal suerte, pueda funcionar”. Las escuchas telefónicas a su cuñado, Daniel Leonardo, y al dirigente de Familiares de AMIA, Sergio Burstein, quien se oponía a la designación de Jorge “Fino” Palacios como jefe de la nueva fuerza, “vienen a confirmar la matriz” de la estructura de espionaje, sostuvo el tribunal en forma unánime. “El imputado sabía y participó de esas dos intervenciones”, afirmó. Hasta ahora el jefe de Gobierno porteño había argumentado que toda la causa de las escuchas era un armado para perjudicarlo, dirigido por un juez –Norberto Oyarbide– supuestamente oficialista. Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah no sólo ratificaron las imputaciones del magistrado sino que fueron mucho más duros en la descripción de las acusaciones.

Macri queda encaminado hacia un juicio oral a partir de la definición de la Cámara Federal, que sostuvo lo señalado por Página/12, el único medio que publicó las denuncias iniciales, sobre la construcción de un aparato clandestino de espionaje capitaneado por Palacios, su policía de máxima confianza. Aunque el líder de PRO lo intente, es difícil que la Cámara de Casación revise su situación, una excepción que en esta etapa sólo suele admitirse a quienes están privados de su libertad. En la Legislatura porteña, la oposición ayer evaluaba posibles medidas contra el jefe de Gobierno. El macrismo en pleno tildó al fallo de “mamarracho” e insistió en que es una operación política K (ver aparte).

La resolución parte de que está comprobado que se hizo al menos una decena de escuchas a través de una organización en la que Palacios y el ex policía Ciro James –ambos presos– eran centrales. El fallo confirma una ampliación del procesamiento del Fino y su detención por escuchas a empresarios como Carlos Avila y gerentes de supermercados Coto, y también respalda las imputaciones contra los ex jueces de Misiones José Luis Rey y Horacio Gallardo, que armaban causas truchas y libraban las órdenes judiciales para que la SIDE hiciera las pinchaduras. A todos les confirma los embargos. Pero la clave, dice la Cámara, está en la “vinculación directa” y de “subordinación” que existía entre James y Palacios, que llegaban a hablar más de cuatro veces al día por teléfono.

Palacios, apunta el fallo, fue el elegido de Macri –con quien tiene una vieja relación desde su secuestro en 1991– para concretar el proyecto de la Metropolitana. Antes de que la nueva fuerza existiera James fue nombrado en el Ministerio de Educación porteño como asesor legal aunque, destaca la resolución, no hay ninguna prueba de que haya trabajado allí. “Contrariamente, sí se ha demostrado –afirma– que durante ese tiempo James era un pieza clave en la intervención ilegal de teléfonos” y “todo hace pensar que una vez que fuera designado en la Policía Metropolitana continuaría” con esa actividad “en la que era experto”. El año pasado, en los albores de la nueva fuerza, Palacios ya mandaba a James a reuniones con funcionarios de Seguridad. El espía además circulaba por el Ministerio de Justicia y la Metropolitana. Sus visitas no quedaban registradas.

Para ilustrar lo grosero de la situación, la Cámara detalla el currículum que presentó James como aspirante a la Metropolitana: un compendio de antecedentes como agente de inteligencia (que evitó precisar ante Educación) que se remontan a 1994 –casi diez años antes de su ingreso a la Federal– e incluyen seguimientos, reunión de información variada, tomas fotográficas, escuchas, enlaces con otras policías y hasta inteligencia Naval y del Ejército. El problema, alertan los camaristas, es que “la Policía Metropolitana tenía prohibido por ley producir el tipo de inteligencia” corroborada en la investigación de Oyarbide, que atesora cientos de horas de conversaciones privadas. “¿Qué haría un experto en aquel tipo de inteligencia en una institución que tenía prohibido hacerla?”, ironizan los camaristas.

Todo esto muestra, según el tribunal, que estaba en plena preparación una estructura de inteligencia prohibida por ley. La responsabilidad de Macri, explica, se basa en “las condiciones en que James se incorporó” a su gobierno y “empezó a ser remunerado” con un sueldo similar al que ganaría en la Metropolitana. Palacios, por sí mismo, no podía meter a James en Educación. Pero Macri sí. Y lo hace, todo indica, a través de Andrés Ibarra, viceministro, quien secundaba al ex titular de la cartera Mariano Narodowski. Ibarra había sido gerente del Club Boca Juniors cuando Macri lo presidía y Palacios era jefe de seguridad. La Cámara revocó el procesamiento de Narodowski porque no encontró nada que lo vincule con “el área de seguridad” ni pruebas de que tuviera “relación con Palacios, como tampoco relación directa con James”. Quien atendía cuestiones administrativas y de personal, aclaró, era Ibarra.

Para la Cámara tampoco es menor que la escucha a Leonardo coincida temporalmente con la contratación de James en Educación y que el espía apareciera cerca de la casa del jefe de Gobierno –según las antenas de su celular– cada vez que retiraba de la SIDE grabaciones de su cuñado. Toma como prueba del aparato de inteligencia paralelo el hallazgo de investigaciones financieras que se hicieron desde una consultora de Palacios, para la que trabaja su segundo en la Metropolitana, Osvaldo Chamorro, “a través del sistema Nosis respecto de varios opositores al proyecto político encabezado por Macri”. Los jueces advierten una coincidencia temporal entre la primera pinchadura detectada y las consultas al Nosis, en diciembre de 2007. Las averiguaciones sobre legisladores y gremialistas coinciden con los primeros meses de la Metropolitana y están expresamente prohibidas. Chamorro podría ser procesado también.

¿Qué compromete a Macri? Los camaristas dicen que “es posible que Macri no conociera personalmente a James; sin embargo, es muy difícil sostener que no estaba al tanto de la tarea que en materia de seguridad le había encomendado a Palacios” y “ese emprendimiento preveía, a través de James y de otros, el armado de una estructura de inteligencia subterránea al Gobierno de la Ciudad y, puntualmente, a su Policía”. “Fue el jefe de Gobierno quien insertó a James, por medio de la influencia de Palacios, en la administración a su cargo, lo nombró, le dio una retribución y que coadyuve al proyecto de la policía de la ciudad en su vertiente paralela y encubierta de la producción de inteligencia prohibida.”

“El funcionamiento de este aparato, su actuación y procedimientos de acción, fue tolerado y consentido por el jefe de Gobierno” quien, según definió el tribunal, “ocupó un rol en la asociación ilícita: asegurar, como máxima autoridad, que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de sus recursos y, de tal suerte, pueda funcionar”. Según los camaristas se le deben imputar, además, las pinchaduras a Leonardo y Burstein. “Ambos –explican– aparecen conectados con el jefe de Gobierno: Leonardo, a través de un vínculo familiar, y Burstein, por haber sido públicamente un fuerte crítico de su gestión, en particular de la designación de Palacios (...) lo que permite avalar que el imputado sabía y participó de esas dos intervenciones.”