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La Cámara de Senadores aprobó ayer y giró a Diputados un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos y de sus residuos. La iniciativa, que obtuvo 54 votos a favor y uno en contra, establece la responsabilidad de los fabricantes, que deben hacerse cargo de los materiales que producen “hasta su disposición final”. La norma involucra a los equipos de computación, televisores, teléfonos móviles y otros aparatos de alto recambio que, si bien a la hora de descartarse son considerados residuos domiciliarios, tienen un alto poder contaminante.

El objetivo de la ley es promover la gestión de esos residuos para recuperar partes y materiales que pueden ser reutilizados. La norma, impulsada por el senador Daniel Filmus, fue apoyada por Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre y el INTI, entre otras instituciones.

El proyecto establece los presupuestos mínimos que deberán cumplir tanto los productores de los aparatos, como las provincias y los municipios. El proyecto apunta a proteger el ambiente, promover la reducción de la peligrosidad de los componentes y promover la reutilización y el reciclado. Además, crea un Fondo Nacional de Gestión de los residuos con el objeto de financiar su procesamiento, así como un Ente Nacional de Gestión, que deberá funcionar coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.

Filmus consideró que la aprobación de esta iniciativa es “un avance trascendental” porque “toma una de las preocupaciones más importantes que tiene hoy la humanidad”.

“Estamos contentos por la capacidad que tenemos de adquirir nuevos aparatos tecnológicos, pero no sabemos qué hacer con los que no usamos más”, enfatizó. Filmus comentó que el parque de la telefonía móvil se renueva en un 30 por ciento cada año y llamó la atención porque “nadie sabe dónde van los aparatos que nadie utiliza”. El senador habló de la “responsabilidad extendida del productor, que debe hacerse cargo del aparato hasta su disposición final”.

El proyecto fue apoyado por la mayoría de los senadores, pero el radical chubutense Mario Cimadevilla votó en contra al considerar que algunos artículos de la iniciativa “avasallan la jurisdicción de las autonomías provinciales”. El senador señaló al respecto que el proyecto “no puede establecer presupuestos mínimos que deben ser seguidos” en todo el territorio de la Nación.