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No fue entre gallos y medianoche, porque fue a la luz del día. De todas formas, la maniobra orquestada por el presidente de la Cámara de Senadores bonaerense, el justicialista Hugo Corvatta, resultó demasiado oscura. A las apuradas, en menos de cinco minutos y con quórum estricto, la bancada oficialista dio media sanción a un proyecto de ley que suspende por 180 días la Ley Integral de la Niñez, consensuada dos años atrás y apoyada por Unicef, Abuelas de Plaza de Mayo y la Sociedad Argentina de Pediatría, entre otras entidades, pero resistida por el gobierno de la provincia. En realidad, la aplicación de esa ley está suspendida por la Suprema Corte pero, según trascendió, mañana el máximo tribunal bonaerense tenía previsto ordenar su aplicación. De ahí el apuro de Corvatta –quien se autodenominó “soldado del gobernador Solá”– y que llegó al punto de convocar a sesiones un lunes, algo muy poco frecuente en la Cámara alta de Buenos Aires. Corvatta impulsa su propia ley de minoridad, un proyecto duramente cuestionado por las organizaciones mencionadas, por ser contrario a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN).
“En los siete años que llevo como legislador, el Senado nunca sesionó un lunes. La suspensión se trató a libro cerrado y se aprobó en menos de tres minutos”, comentó indignado a Página/12 el presidente del bloque de senadores del Frente Grande, Eduardo Sigal. Previendo la maniobra, las bancadas del FG, la UCR y el ARI habían decidido bajar al recinto recién cuando empezara la sesión. Con 24 justicialistas –quórum estricto– Corvatta habilitó el tratamiento. Cuando llegó la oposición, la votación ya casi había terminado. Página/12 intentó hablar con Corvatta, pero fue imposible localizarlo.
El proyecto, que suspende por 180 días la ley 12.607, pasó ahora a Diputados. Esa norma, conocida como Ley Integral de Niñez, fue sancionada con el consenso de todos los bloques en diciembre de 2002, después de varios años de debate, para reemplazar una norma de la última dictadura militar –actualmente vigente– que judicializa la pobreza, otorga a los jueces de menores facultades absolutas para disponer sobre el destino de los chicos –ya sea que tengan problemas con la ley, sean víctimas de delitos o pobres– y no les da derecho a la defensa como sí tiene cualquier adulto. Pero la ley 12.607 nunca entró en vigencia porque el procurador general de la Suprema Corte, Matías de la Cruz, planteó la inconstitucionalidad de varios de sus artículos ante el máximo tribunal, en particular aquellos que sacaban de la órbita judicial y atribuían a los Ejecutivos municipales la responsabilidad de resolver los problemas asistenciales de la niñez. “Detrás de ese planteo hay una disputa por dinero. Actualmente, la Procuración tiene presupuesto asignado para asistir a los menores que salen de institutos y con la ley 12.607 lo perdería”, señaló Pablo Villegas, secretario del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN), que preside Estela de Carlotto e integran varias entidades como la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y las Abuelas de Plaza de Mayo.
Según trascendió, mañana la Suprema Corte bonaerense tendría previsto expedirse sobre la ley 12.607 y declarar su constitucionalidad. Así, entraría en vigencia. Para evitarlo, Corvatta convocó a la sesión de ayer. “Soy soldado de Solá”, le dijo el jueves a Carlotto en una reunión que mantuvo en la casa de la titular de Abuelas con varios integrantes de CASACIDN. “La ley 12.067 es muy buena, pero sólo aplicable en Suiza”, agregó Corvatta. Lo que cuestiona el gobierno provincial es el alto costo que implicaría su aplicación. “Se debería disponer de una infraestructura fuera de toda posibilidad presupuestaria”, objetó Corvatta en ese mismo encuentro. Por ese motivo, el senador oficialista impulsa su propio proyecto: su objetivo era darle media sanción la semana pasada “entre gallos y medianoche”, pero cuando se conoció la noticia, la presión deCarlotto consiguió postergar el tratamiento. La iniciativa de Corvatta es muy cuestionada por CASACIDN e incluso por Unicef, cuya consultora del área legal, Adriana Gugliotta, la calificó como “un retroceso”. El problema central es que no considera a los chicos como sujetos de derecho, promueve la internación en institutos en casos derivados de la pobreza, y mantiene en los jueces el poder onmímodo sobre el destino de los menores. “Representa la más cruda expresión del gatopardismo bonaerense, con el peligro de legitimar instituciones y prácticas aberrantes para la infancia excluida”, objetó CASACIDN.