El intento de ocupación de tierras, en Humahuaca, seguida de una pueblada y el asesinato de un joven poblador, derivó ayer en la renuncia del intendente de esa ciudad jujeña, Roberto Lamas, del Frente para la Victoria. Los vecinos acusaron por el crimen a integrantes de una organización social, con sede en la capital provincial, que pretendió asentarse en esos terrenos, alegando títulos de propiedad (ver nota aparte). “Todavía no se entiende qué fue a hacer esa agrupación a Humahuaca”, dijo ayer el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, quien defendió al intendente y trató de “violentos” a las 58 personas detenidas, todas pertenecientes a la organización social. Aún no se encontró el arma homicida, pero ya se hicieron pruebas de parafina y en el gobierno y la Justicia provincial deslizaron que el culpable estaría entre los detenidos.

Los integrantes de la organización Tití Guerra llegaron en dos micros pasado el mediodía del miércoles, se dirigieron a la finca Veyra y Colorado, que tiene aproximadamente 20 mil hectáreas, e intentaron entrar, argumentando que tenían un boleto compra-venta. La reacción de los pobladores fue casi inmediata. Los micros fueron apedreados y debió intervenir la policía local para resguardar a quienes iban en ese medio de transporte. Desde allí habría salido la bala que mató a Daniel Condorí, un guía turístico de 29 años. Tras conocerse la noticia, se intensificó la reacción popular.

“Lamas tomó la decisión de renunciar para descomprimir una situación difícil, motorizada por enojo de los pobladores. Quiso llevar paz y tranquilidad, pero para nosotros no es justificada esa decisión. De todas formas, la renuncia tiene que ser aceptada por el Concejo Deliberante”, explicó a Página/12 el ministro de Gobierno provincial, Oscar Insausti. El funcionario explicó que el Concejo no pudo sesionar, en parte, por “el miedo de los propios ediles a que el recinto sea copado por los pobladores”.

Además, la presidenta del Concejo, Dominga Cari, tuvo una crisis nerviosa y debió ser internada. “También estaban enfermos los vicepresidentes primero y segundo, Aldo Cruz y Elina Liquín. No es la primera vez que tienen problemas de salud en momentos críticos”, desconfió el edil opositor Alfredo Quispe, del Movimiento de Participación Comunitaria Indígena. Según él, la población está particularmente enojada con el intendente porque recién llegó por la noche al lugar del conflicto.

Insausti reconoció que esa crítica existe, pero afirmó que desde la gobernación se trabajó junto con Lamas desde el primer momento. “Fue enviado al lugar el subjefe de la policía, Fabián Sosa. Los pobladores estaban muy enojados porque la policía fue contra ellos, pero en verdad había que resguardar la vida de todas la personas”, dijo el funcionario, quien informó que secretarios de Gobierno e Interior provinciales, Juan Burgos y Héctor Pérez, respectivamente, estuvieron en Humahuaca.

El fiscal Gustavo Araya tomó intervención en las negociaciones con los pobladores para que le permitan detener a los integrantes del grupo que intentó la ocupación, quienes fueron trasladados a la capital provincial para garantizar su integridad. La causa quedó caratulada como “usurpación de tierras en grado tentativo y homicidio”. Hoy, según fuentes provinciales, se darían a conocer los resultados de las pruebas de parafina hechas sobre los sospechosos, mientras siguen los rastrillajes en busca del arma homicida.

“La bala, dicen los pobladores, partió de uno de los micros que transportaba a la organización social. Los heridos que tenemos tienen impactos de balas de goma que utilizó la policía para disuadir a los lugareños”, detalló Insausti. La saña de la población, agregó, tiene que ver con la propia cultura de la zona y el apego por la tierra. Para el edil Quispe, también influyó el supuesto malestar entre la comunidad y el intendente. “Lamas no tiene diálogo ni con las organizaciones locales ni con las comunidades aborígenes”, aseguró.

El impacto de la pueblada generó rumores de renuncia también dentro del Concejo Deliberante, donde los ediles kirchneristas tienen una mayoría acotada. La presión popular en reclamo de justicia tampoco cedía: ayer hubo cortes en el acceso sur de la ciudad y los vecinos quemaron cubiertas para exigir justicia por el crimen de Condorí. En busca de llevar calma a estos manifestantes, ayer el fiscal Araya aseguró: “Tenemos testimoniales que nos permiten afirmar que podemos dar con el responsable del lamentable suceso”.

En la gobernación confiaban en que hoy se descomprimirá la situación porque se sabría quién disparó. Además, Fellner repudió lo actuado por los integrantes de Tití Guerra. “Recurren a la violencia para pretender ejercer sus derechos –advirtió–. Deben saber que viven en una sociedad distinta y que vamos a actuar con todo el rigor de nuestra autoridad política.”