Veinte uniformados de la Federal fueron denunciados penalmente por el Ministerio de Seguridad principalmente por enriquecimiento ilícito y cohecho, la clásica cometa o venta de seguridad conocidas como quintas, y la posesión de yates y propiedades fastuosas. Las víctimas fueron comerciantes, vendedores ambulantes, prostíbulos y hasta dealers de paco. Los denunciados tienen jerarquías que van desde el agente raso hasta jefes o ex jefes de comisaría pertenecientes o que pertenecían a la 7ª de Once, la 28ª de Parque Patricios y Barracas, y la 44ª de Liniers. Se trata de tres denuncias judiciales que surgen después de meses de investigación mediante el cruce de datos entre dos áreas del ministerio, la de Transparencia y la de Coordinación de Fiscalización, y las denuncias fueron procesadas por la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, con el aporte de Asuntos Jurídicos.

Buena parte de la información que motivó la puesta en lupa surgió, según un investigador, del 0800 que abrió el ministerio para recibir denuncias sobre malas prácticas policiales. Las denuncias fueron realizadas mayormente por comerciantes, vendedores ambulantes y uniformados. La Coordinación de Fiscalización de las Instituciones Policiales y Fuerzas de Seguridad, a partir de esa información, empezó a analizar la conformación de lo que en la jerga se conoce como quintas, sistemas de cobro de coimas a una variada gama de actividades: desde comerciantes hasta vendedores ambulantes en las estaciones de tren, pasando por paradas y circulación de combis de transporte de pasajeros truchas, funcionamiento de prostíbulos y dealers de paco, que sólo podían funcionar bajo el salvoconducto de los billetes.

La investigación en el terreno permitió delimitar claramante las poleas del sistema de cobros de las quintas que, obviamente, abren la perspectiva hacia otras líneas de investigación: la contrapartida del pago de la coima para el funcionamiento de servicios truchos, venta de droga y prostitución exige la liberación de vigilancia en la zona, lo que a su vez en forma directa o indirecta aporta a la inseguridad. Por eso, también fueron denunciados por inclumplir deliberadamente los controles vehiculares previstos en el Plan de Seguridad Urbana.

A su vez, la constatación de estas quintas fue cruzada con las declaraciones juradas que debieron presentar obligatoriamente al inicio de la gestión de Garré. Esto cayó bajo la lupa de la Unidad de Políticas de Transparencia, que detectó una serie de yates, vehículos y propiedades que excedían por mucho la capacidad del sueldo policial.

Para tener una idea de lo descubierto, uno de los denunciados vivía en una casita humilde en el sur, y tiempo después apareció con una propiedad de 1500 metros cuadrados, junto al golf de Cariló, que había comprado supuestamente a 76 dólares el metro cuadrado. Otro había comprado una mansión vendiendo propiedades que no había declarado. También aparecieron propietarios de yates. Algunos de ellos comentaban sus viajes en Facebook y uno de ellos incluso mostraba orondo la imagen de su inmenso yate como fondo de su muro.

Los denunciados son cuatro comisarios, un comisario inspector, cinco subcomisarios, dos subinspectores, un sargento, cinco cabos primeros, un cabo y un agente. Las denuncias fueron presentadas el 22 de julio en el juzgado federal de Claudio Bonadío y en los juzgados de instrucción nacionales porteños 1 y 20 durante la semana pasada. Una vez que la Justicia puso manos en la investigación, Asuntos Internos iniciará sumarios y, se supone, los denunciados pasarán a disponibilidad.