Al hablar en un acto que fue transmitido por la televisión pública, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó duramente al titular del grupo Techint, Paolo Rocca. “Nada les alcanza. Algunos grupos económicos estaban acostumbrados a presidentes que los consultaban sobre las políticas que había que aplicar”, apuntó CFK. En su discurso, la Presidenta también se refirió al plazo que tiene el grupo Clarín para desmonopolizarse, aclaró al gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, que no ejercía presiones sobre los gobiernos provinciales y cuestionó al juez Luis Armella, quien supervisa la limpieza del Riachuelo (ver aparte).

El nuevo capítulo de la tensión entre el holding empresario más grande del país y el Gobierno arrancó el lunes pasado, con una declaración de Rocca ante un reducido grupo de ingenieros: “Argentina tiene un gran potencial, pero está muy mal gestionada. A partir de 2008, el Gobierno perdió el rumbo, no se sabe para dónde va”. Ese día, otros directivos de Techint compartían con la jefa de Estado la cena del Día de la Industria, en Tecnópolis. Entre los principales lamentos y reclamos del empresario figuró la “pérdida de competitividad” y los “elevados costos salariales”. “Paolo Rocca se queja de los salarios que paga a los obreros en Argentina y reclama mayor competitividad. El obstáculo que tienen para lograr ese objetivo parece que es la persona que está parada aquí”, replicó ayer la mandataria desde la Casa Rosada.

Las filosas declaraciones de Rocca reavivaron un enfrentamiento político entre Techint y el Gobierno, que parecía zanjado, al menos públicamente. Después del largo conflicto en 2011 por la resistida designación en la siderúrgica Siderar de directores en representación de las acciones que posee el Estado, el vínculo entre las autoridades nacionales y la empresa pareció mejorar. Techint anunció la reactivación de inversiones millonarias en el país que habían sido paralizadas. Desde la nacionalización de YPF, el Estado y el grupo conviven en Tecpetrol y, según afirmó el viceministro de economía, Axel Kicillof, “Paolo Rocca es uno de los principales beneficiarios del plan de construcción de viviendas Pro.Cre.Ar”.

En ese escenario, el lunes pasado, directivos de la siderúrgica participaron de la celebración por el Día de la Industria que encabezó CFK. Rocca no estuvo presente en la cena pero, más temprano ese mismo día, en un encuentro con ingenieros, criticó duramente la política económica del Gobierno. Allí apuntó sus cañones a la “falta de competitividad e inversión” y se lamentó de que los costos salariales argentinos sean más elevados que los que pagan por sus operarios en Brasil o México. No obstante, Rocca se mostró esperanzado: “En 2018 Argentina va a ser un país muy distinto del que es hoy, somos optimistas”.

El mandato de CFK concluye en diciembre de 2015, por eso la mandataria se preguntó ayer “si el país está tan mal: ¿qué pasará en 2016 y 2017, que se van a volver competitivos? ¿Querrán salarios de trabajadores a un tercio o a la mitad de los que tienen ahora?”. “Nosotros defendemos el poder adquisitivo de los trabajadores e indirectamente los estamos defendiendo a ellos: porque pueden vender en Argentina cosas a un precio más alto que el que pueden vender en el mundo”, sostuvo.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue el primero en responderle a Techint y ayer se sumó el secretario de Política Económica, Axel Kicillof. “El que perdió el rumbo es Rocca. No sólo no mira los números de la economía, sino los de su propia empresa”, afirmó el viceministro de Economía y director del Estado en Siderar, en referencia a la destacada rentabilidad del grupo. De Vido le había pedido anteayer a Rocca que sea “más medido” en su pedido de competitividad, teniendo en cuenta que maneja una empresa “monopólica”. Mauricio Macri sintió la necesidad de intervenir en la disputa y ayer dijo que las palabras del ministro eran “una frase mafiosa”. “El defiende a la patronal y yo a los trabajadores”, le devolvió De Vido.

Entre la burguesía nacional, los reclamos por mayor “competitividad” han sido históricamente un eufemismo para la devaluación o la depresión salarial. Durante su intervención, la Presidenta recordó que, a lo largo de su historia, Techint contó con la colaboración de los recursos del sector público, desde medidas de protección comercial hasta subsidios, elementos que hoy todavía están presentes. “No nos molesta que las empresas tengan rentabilidad, pero es muy distinto cuando esos resultados se deben a una posición dominante, subsidios y la protección del Estado en lugar de inversión en investigación y desarrollo”, advirtió la mandataria.

Asimismo, CFK recordó que Techint “compró a precio de chatarra las instalaciones de Somisa”, operación que se realizó durante el auge privatizador de los años ’90, donde personajes como Jorge Triaca y María Julia Alsogaray tuvieron un rol central, y que también contó con el respaldo de la conducción de la UOM. En la actualidad, a través de sus principales activos –Tenaris y Siderar– el grupo que encabeza Rocca detenta una posición oligopólica en la actividad siderúrgica.

Al momento de la privatización, Techint pagó solamente 152,1 millones de dólares por Somisa –140 millones de dólares en efectivo y el resto en títulos de la deuda pública– cuando la intervención había estimado un valor teórico de 450 millones de dólares y la consultora contratada para su tasación lo elevó a un máximo de 750 millones. Con la compra, Techint se apropió de un stock de producción superior a los 130 millones de dólares, por lo que el monto efectivamente desembolsado se redujo de manera significativa. Ese negocio le permitió a la firma una integración vertical y obtener una posición oligopólica en la industria siderúrgica junto con Aluar, que produce otro tipo de laminados de acero, sin competir con Siderar.

“Techint tiene el monopolio de la producción de chapa para la fabricación de autos, de alimentos y de productos de la línea blanca, no puede hablar de falta de competitividad”, enfatizó De Vido y agregó que las actividades de la firma multinacional están “fuertemente protegidas por la política arancelaria y de cambio administrado que lleva adelante el Gobierno”. “Quieren bajar los salarios con represión salarial o una megadevaluación”, advirtió Kicillof.