El plenario del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) de la ciudad de Buenos Aires recomendó al gobierno de Mauricio Macri y a la Legislatura porteña que elaboren un reglamento para la aplicación del aborto no punible, en casos de violación, con los criterios que fijó la Corte Suprema, para garantizar ese derecho especialmente a niñas y adolescentes. El cuerpo opinó que no se les debe exigir la autorización de los padres y que las jóvenes están en condiciones, si llegan a un hospital público a solicitarla, de dar su consentimiento para la intervención. El posicionamiento del Consejo, que tiene entre sus responsabilidades asesorar al Poder Ejecutivo en políticas públicas sobre niñez y juventud, se conoció después de que el macrismo votó en la Comisión de Salud de la Legislatura por cajonear la discusión de una ley que justamente regule la atención de esos casos.

La recomendación fue aprobada por el plenario del CDNNyA, un órgano colegiado integrado por cinco consejeros en representación de la Legislatura, otros cinco en nombre de ONG, tres por las defensorías zonales de niños, niñas y adolescentes, uno por la Asesoría General Tutelar y la dirección ejecutiva, que responde al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, además de funcionarios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Cultura.

El texto fue elevado a la Legislatura y al ministro de Salud, Jorge Lemus. Puntualmente define el marco conceptual mínimo que debería contemplarse a la hora de elaborar un protocolo para abortos no punibles en la Ciudad, en lo que se refiere a las niñas y adolescentes. Sigue los lineamientos del fallo de la Corte Suprema, del 13 de marzo, que reafirmó que cualquier mujer violada tiene derecho a un aborto no punible y que no se les debe exigir una autorización judicial ni una venia de un comité de expertos hospitalarios para acceder a la práctica.

El máximo tribunal no estableció un criterio con relación a la edad mínima que una niña o adolescente puede solicitar el aborto no punible, sin el requisito del consentimiento de sus padres o un tutor. La recomendación del plenario del CDNNyA en relación con este aspecto no pone edad, y fundamenta esta postura en que se debe tener en cuenta el criterio de la “autonomía progresiva y al derecho a ser oído” de las niñas y adolescentes. Concretamente dice que se debe “garantizar, en el marco de la atención integral de la niña o adolescente, el consentimiento libre e informado para proceder a la realización del aborto no punible. Dicho consentimiento debe estar en consonancia con la Ley Básica de Salud Nº 153 de CABA (artículo 4, inciso h) y el Decreto Reglamentario Nº 2316/03, que para el caso de niños/as y adolescentes establece que “... toda persona que esté en condiciones de comprender la información suministrada por el profesional actuante, que tenga suficiente razón y se encuentre en condiciones de formarse un juicio propio, puede brindar su consentimiento informado para la realización de estudios y tratamientos. Se presume que todo/a niño/a o adolescente que requiere atención en un servicio de salud está en condiciones de formar un juicio propio y tiene suficiente razón y madurez para ello; en especial tratándose del ejercicio de derechos personalísimos...”.

La iniciativa de trabajar en los criterios para un protocolo fue impulsada por los consejeros de la Legislatura que responden al Frente para la Victoria, Claudia Fernández Chaparro y José Machaín. El texto con las recomendaciones fue el resultado de una ronda de consultas que se hicieron entre abril y julio con especialistas en tocoginecología de hospitales de la Ciudad, explicó Fernández Chaparro a este diario. Sobre la decisión de los legisladores del PRO de frenar el tratamiento de una reglamentación de los abortos no punibles, al firmar el martes en la Comisión de Salud un despacho de mayoría que lo único que propone es que el tema “vuelva a comisión”, Machaín opinó: “Una vez más, el macrismo vuelve a no hacerse cargo de un tema crucial y muestra su incapacidad para poder consensuar un proyecto, entre los cuatro que habían presentado. El vacío legal pone en riesgo a las chicas menores de 18 años. La Corte pidió que se reglamente. No está en discusión. Hay que hacerlo como ya hicieron otras provincias”. El Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsable de promover y proteger el cumplimiento de los derechos de todos los chicos y chicas de la ciudad de Buenos Aires, tal como se informa en el sitio oficial del gobierno porteño. Fue previsto en la Constitución de la Ciudad y creado por la Ley 114.