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Legisladores de la oposición en la Legislatura porteña acordaron ayer tratar en la sesión del jueves 27 el proyecto que plantea una regulación para los casos de abortos no punibles en la Ciudad. De esa manera, coincidieron en desestimar los giros del proyecto a otras comisiones, que el PRO había logrado imponer semanas atrás para dilatar el tratamiento del tema. Si se aprueba la reglamentación, caería el restrictivo protocolo que firmó el ministro Jorge Lemus antes de renunciar a su cargo.

“Todos los bloques opositores nos pusimos de acuerdo y nos comprometimos a dar quórum mañana (por hoy) y anular los giros a comisión que congelaban el tratamiento del proyecto”, dijo a Página/12 la diputada Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), que impulsó el tratamiento del tema en la reunión de labor parlamentaria.

En esa reunión, en la que participan los jefes de bloque, se elabora la agenda de la próxima sesión, en este caso, la de hoy. Allí, el voto de cada jefe de bloque no vale uno sino el número de diputados de su bancada. Así, la oposición logró sumar 31 votos para imponer el tema en la sesión de hoy. “Si logramos anular los giros, quedaría habilitado el tratamiento de nuestro proyecto para reglamentar el aborto no punible el jueves próximo”, dijo a este diario Jorge Selser (Partido Socialista Auténtico). Para eso, además, la oposición debería conseguir quórum en la sesión de hoy.

El macrismo sintió el revés y lo expresó a través del vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo. “Quieren imponer la despenalización del aborto de manera encubierta”, dijo.

El proyecto consensuado por la oposición respeta los lineamientos establecidos por la Corte Suprema para que todas las mujeres puedan acceder al aborto en los casos contemplados por el artículo 86 del Código Penal: ser víctima de una violación o cuando esté en riesgo su vida. Ese proyecto no logró mayoría en la Comisión de Salud. Allí, el PRO impuso un dictamen que disponía girar el tratamiento a las comisiones de Mujer y Justicia. “Es obvia su intención de demorar el tratamiento hasta que se imponga el protocolo del Ministerio de Salud”, dijo Cerruti.

En efecto, días después de esa postergación, el Ministerio de Salud dictó una resolución con cláusulas restrictivas, en contra de lo dispuesto por la Corte. Entre otras, impone un límite arbitrario de doce semanas de embarazo para la intervención; permite que los médicos se declaren objetores de conciencia frente a cada caso y establece que el servicio social del hospital informe a las mujeres sobre las ayudas a embarazadas y sus hijos y sobre la posibilidad de dar en adopción al futuro niño.