En la noche del martes, y durante más de dos horas, un hombre de 33 años, oriundo de una zona rural de Paraná, contó ante el fiscal de Cámara de esa ciudad, Rafael Cotorruelo, cómo el cura Justo José Ilarraz abusaba sexualmente de los chicos a su cuidado en el Seminario Menor de Paraná. La declaración, explicó el procurador general de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, quien inició la investigación de oficio cuando un medio entrerriano denunció el caso, “habilita a la Procuración para hacer una presentación con pedido de instrucción formal” sobre 50 posibles abusos cometidos contra niños de entre 12 y 14 años en la institución religiosa entre 1984 y 1992. La presentación fue radicada ante el juez de Instrucción número 3, Alejandro Grippo, y permitió que la Justicia pidiera al arzobispado que remitiera las actuaciones del “juicio diocesano” a que se sometió a Ilarraz. Desde la semana pasada, en la localidad tucumana de Monteros, donde cumplía funciones pastorales, nadie conoce el paradero de Ilarraz.

En su declaración del martes, el ex seminarista, cuyo nombre no trascendió, ratificó las denuncias. El procurador García se mostró confiado en que, tras esa primera declaración espontánea, se presenten otras posibles víctimas del cura Ilarraz. Por lo demás, la Justicia de Entre Ríos aguarda que el Arzobispado de Paraná remita la copia del juicio diocesano iniciado en 1992 por las autoridades eclesiásticas locales contra el sacerdote Ilarraz, y que había sido mantenido en absoluto secreto hasta que el semanario Análisis dio a conocer el caso.

En 1992, el sacerdote y abogado Silvio Fariña, integrante del Tribunal Diocesano con sede en Santa Fe, y el actual vicario general de Concordia, Alfonso Frank, realizaron una investigación diocesana tras conocer los rumores.

Los casos pueden ser investigados por la Justicia porque, aunque transcurrieron entre 1984 y 1992, no prescribieron en virtud de las modificaciones que la llamada ley Piazza realizó en el Código Penal. Esa norma, impulsada por el modista Roberto Piazza, amplió los plazos de prescripción de los delitos vinculados con la integridad sexual de los menores de edad, que recién comienza a regir cuando la víctima cumple 18 años.

El paradero de Ilarraz, quien al momento de los abusos denunciados se desempeñaba como prefector del Seminario Menor, se desconoce desde la semana pasada. El procurador García advirtió que “lo mejor que puede hacer es ponerse a disposición de la Justicia”. Además, aseguró que “existen varias víctimas más que están dispuestas a declarar y que probablemente lo hagan entre esta semana y la próxima”.

Los abusos de los que se acusa al cura Ilarraz fueron dados a conocer el 13 de septiembre por el semanario Análisis de Actualidad. Esa denuncia refiere que el sacerdote abusaba de los adolescentes “entre las cuatro paredes de su habitación privada del seminario o en el baño. No se tenía que enterar nadie. Si alguien traicionaba ese pacto perverso de confidencialidad la iba a pasar mal” porque “iban a empezar las represalias y se acababan los privilegios: los caramelos, los chocolatines, la buena comida, la TV o las películas en video”. Los chicos eran presionados para pasar la noche en la habitación del religioso, quien por la mañana los “devolvía” a sus rutinas habituales. En la testimonial, el denunciante ratificó esos datos, y agregó que los abusos se producían también en los campamentos que se hacían en zonas cercanas al establecimiento o bien en Córdoba, adonde iban entre mediados de enero y febrero, para pasar días en el Hogar Preventorio de las Hermanas de San Camilo de Lellis, en Molinari, en el Valle de Punilla.

Ilarraz, narró el hombre, obligaba a los chicos a “anotar los pecados” en una libretita que debían llevar siempre consigo y mostrarle semanalmente. Tras esa revisión, el cura premiaba o castigaba; el estímulo mayor era partir con él rumbo a Europa.

El procurador también señaló que las actuaciones del juicio diocesano no tienen valor ante la Justicia penal, pero que de todos modos esa causa debe formar parte de la investigación que comienza. El proceso diocesano se realizó en el más absoluto secreto, y las autoridades eclesiásticas en ningún momento trasladaron el caso a la Justicia penal. Ese juicio dio por probados tres casos de abuso; la investigación emprendida por el procurador García refiere al menos 50. El Seminario Menor, donde habrían ocurrido, es un colegio secundario al que concurren chicos que, luego, pueden optar por la carrera religiosa en el Seminario Mayor.

A principios de los ’90, el arzobispo Juan Alberto Puiggari, que fue quien pidió la reapertura de una causa que había prescripto, recibió a las víctimas y puso en conocimiento de los hechos al arzobispo de ese momento, Estanislao Karlic. El actual cardenal ordenó entonces la investigación.