La Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires ordenó investigar a Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño, por haber revelado en octubre pasado a qué hora y en qué hospital público se iba a efectuar el aborto a una mujer violada. Iba a tratarse del primer aborto no punible realizado en el distrito mediante la aplicación de un protocolo dictado por el Ministerio de Salud porteño. La denuncia había sido efectuada por María José Lubertino, legisladora porteña del bloque Frente para la Victoria, pero había sido archivada por el juez de primera instancia. La investigación judicial ahora reabierta también concierne a Graciela Reybaud, ministra de Salud de la Ciudad, y al ex director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau. La intervención estaba prevista en ese hospital, pero se suspendió en ese momento cuando una organización denominada Pro Vida presentó un amparo para frenarla y una jueza lo concedió. El aborto fue luego autorizado gracias a una rápida intervención de la Corte Suprema de la Nación.

La investigación reabierta por la Cámara del Crimen porteña se refiere al hecho de que Mauricio Macri, en una reunión pública y ante la presencia de periodistas, había revelado que el aborto no punible estaba programado para el 9 de octubre del año pasado en el Hospital Ramos Mejía.

Esto había permitido a grupos antiabortistas actuar para detener la intervención, mediante un recurso judicial, y organizar una campaña pública para presionar a la paciente, una mujer de 32 años que había sido víctima de trata de personas.

La actitud del jefe de Gobierno porteño fue denunciada por la legisladora María José Lubertino, pero el juez en lo correccional Raúl García decidió archivar el caso, aduciendo la falta de una imputación que permitiera encuadrar el hecho en una figura penal.

Sin embargo, la fiscal de instrucción Dora Olivieri apeló la decisión del magistrado. Fue apoyada en ese criterio por el fiscal de cámara Eduardo Itoyz. Y el planteo fue aceptado por la Sala VI de la Cámara del Crimen, que consideró que haber archivado la denuncia resultaba “prematuro”.

“Compartimos la postura del representante del Ministerio Público Fiscal, por cuanto resulta necesario citar a la denunciante –la diputada Lubertino– para delimitar, en la medida de lo posible, el objeto procesal a investigar”, indicó el tribunal de alzada.

Al conocer la decisión del tribunal, la diputada Lubertino destacó que “Macri violó sus deberes como funcionario público, lo cual obstaculizó la operación y puso en riesgo a la paciente, dado que facilitó el accionar de grupos llamados Pro Vida, que a veces pueden ser violentos”.

Lubertino también responsabilizó a Graciela Reybaud, ministra de Salud, por la dilación de la operación, y al entonces director del Ramos Mejía, Carlos Mercau, porque “fue el capellán del hospital quien accedió a los datos de la paciente y los utilizó para organizarle una misa en la puerta de la casa”, según destacó la legisladora.

La mujer, que había denunciado ser víctima de trata y haber sido violada, se presentó ante la Corte Suprema señalando que “me he visto afectada de modo personal por los ‘escraches’ efectuados frente a mi domicilio particular. En estos momentos estoy siendo acompañada y protegida por la Oficina de Rescate a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación. En consecuencia, la divulgación de mis datos personales, como mi domicilio, donde vivo con mi familia y mis hijos, no sólo importa una grave afectación a mi intimidad y vida privada, sino también una exposición a riesgos por parte de los tratantes, que me afecta a mí y a mi grupo familiar. Esta situación se generó como resultado de la violación del secreto profesional que debió proteger la intimidad de mi historia clínica”.

La presentación obtuvo un inmediato fallo favorable de la Corte y poco después la mujer pudo interrumpir su embarazo en otro centro médico. Se había aplicado una de las causales del aborto no punible.

Un mes después de los hechos, Mercau renunció a la dirección del Ramos Mejía “por razones personales”. En esa oportunidad Estela Díaz, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sostuvo que esa renuncia “es una señal de que algo empezó a cambiar y ya no hay absoluta impunidad cuando se interviene arbitrariamente en un hospital para frenar una práctica médica legal como es un aborto no punible”.

Una denuncia similar había sido presentada por los legisladores porteños Laura García Tuñón, María Elena Naddeo, Gabriela Alegre, Gabriela Cerruti, Alejandro Bodart y Tito Nenna, acompañados por la secretaria general de la central docente Ctera, Estela Maldonado, y la ex diputada Cecilia Merchan.

Otra denuncia fue efectuada por María Rachid, en este caso contra la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada, a cargo del Juzgado en lo Civil 106, quien decretó la medida cautelar que impidió inicialmente el aborto, prohibiendo que se realizara en cualquier hospital de la ciudad.

Rachid consideró también que el capellán del Ramos Mejía, Fernando Llambías, faltó a sus deberes porque cobrar sueldo del Estado lo encuadra como empleado público, y decidió impulsar un proyecto de ley para suprimir cargos religiosos en hospitales estatales.