Hace casi cuatro años que Mirtha Sisnero enfrenta una batalla judicial para poder ser colectivera. En un país conducido por una mujer, ella, en Salta, no puede conducir un colectivo. Aunque tiene carnet profesional y ha llenado todos los formularios que le exigen para conseguir ese trabajo. Sucede que las siete empresas que tienen la concesión de las líneas urbanas en la capital provincial no contratan mujeres y mantienen ese empleo –bien pago– como coto masculino. Su demanda contra las compañías por discriminación laboral por género llegó a la Corte Suprema de Justicia hace dos años. Sin embargo, el expediente está varado desde el 27 de marzo de 2012 en la Procuración General de la Nación, sin que el organismo se pronuncie para habilitar al máximo tribunal la posibilidad de expedirse.

“Me capacité para conducir. Y sigo con ganas de manejar un colectivo”, dijo Sisnero a Página/12. Su reclamo tiene el respaldo del Centro de Estudios Legales y Sociales, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Clínica de Interés Jurídico de la Universidad Nacional de Córdoba y el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), entidades que se presentaron ante la Corte Suprema como amicus curiae.

El caso es relevante por sus implicancias en relación con la lucha por la equidad de género en el ámbito laboral en el país, advirtió la defensora oficial civil de Salta, Natalia Buira, quien representa legalmente a Sisnero, desde 2009. “No hay hasta el día de hoy ninguna mujer colectivera en Salta, en ninguna de las ocho líneas del trasporte público de pasajeros en la capital, ni en el transporte de la capital a las distintas localidades de Salta, ni en el transporte interurbano”, denunció Buira.

El sector del transporte es, después de la construcción, el que cuenta con menor presencia femenina en el país, según detalla el último informe sobre brechas de género en el trabajo del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la CTA (que publicó este diario el domingo pasado). A la vez, es uno de los oficios con salarios más altos. El 86 por ciento de quienes se desempeñan en esa actividad son varones. Y es muy probable que la mayoría del 14 por ciento de mujeres empleadas realice tareas administrativas y no esté al frente de un volante.

No tan fácil

“Nunca tomé el caso como un reclamo de igualdad de género. Lo que siempre quise fue un trabajo. Pero con la causa judicial aprendí muchas cosas sobre la discriminación hacia las mujeres”, contó a este diario Sisnero. Tiene 41 años, está divorciada y es madre de dos hijos de 19 y 16 años. Vive en la ciudad de Salta y se gana la vida con un maxikiosco. En 2007 pensó que convertirse en chofer de colectivos de líneas urbanas podía ser una buena alternativa laboral, por el sueldo que se paga. “El año pasado, el básico rondaba los 12 mil pesos por una jornada de ocho horas de trabajo. En aquel momento, pensé que era un empleo que me permitía cuidar a mis hijos y ganar bien. Para equiparar ese salario las mujeres tenemos que tener varios trabajos. Acá en Salta como en otras partes del país las mujeres ganan menos que los varones teniendo la misma capacidad”, señaló. “Pensé que iba a ser fácil. Vi que era algo que podía hacer. Era un oficio. Me capacité. Aprendí a manejar colectivos. Saqué mi licencia profesional. Llené formularios. Presenté mi curriculum en las siete empresas que tienen la concesión de las líneas y nunca me llamaron”, recordó.

El Estado provincial concesiona el transporte público y lo controla. En 2009, con el patrocinio de la defensora oficial, la mujer resolvió recurrir a la Justicia. Buira presentó un amparo colectivo contra las empresas en nombre de Sisnero y de otras tres aspirantes más a colectiveras junto con la Fundación entre Mujeres, una organización social de la provincia. Pidieron que se ordenara cubrir un cupo de 30 por ciento de mujeres en el plantel de trabajadores. En primera instancia el juez Mario D’Jallad hizo lugar al amparo colectivo en todos sus reclamos. En su sentencia, el magistrado dijo que “una de las tantas formas en que se enmascara la violencia es la discriminación”. En la sentencia se citó un fallo previo contra la empresa Freddo (ver aparte). Las empresas apelaron.

Contradicciones

Finalmente, el 8 de junio de 2010, la Corte Suprema de Justicia de Salta hizo lugar parcialmente al recurso. Por un lado, entendió que no se había probado debidamente que, ante una posible vacante, se haya preferido la contratación de un varón por sobre la de una mujer, en igualdad de condiciones. Pero al mismo tiempo exhortó a las empresas, a los fines preventivos, a que “en futuras contrataciones se asegure que la postulación de mujeres será analizada sin tomar en cuenta su condición femenina sino en base a los mismos requisitos que los exigidos a los hombres”. Por otro lado, destacó que “resulta indudable que corresponde, en el marco de atribuciones constitucionales del Poder Judicial, tomar medidas apropiadas para lograr la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, a fin de garantizar el goce pleno del derecho de igualdad laboral de las mujeres”. La Corte provincial exhortó al Legislativo y Ejecutivo locales a emitir “las normas necesarias que exige una política pública” que tiendan a “la modificación de patrones socioculturales de discriminación” hacia las mujeres en los ámbitos laborales.

“Fue una sentencia contradictoria. Dice que no se probó la discriminación, pero exhorta a las empresas a que no discriminen a las mujeres en el futuro y al Poder Ejecutivo y Legislativo a sancionar leyes que garanticen que no se las excluya”, apuntó la defensora oficial. Ni empresas ni poderes Legislativo ni Ejecutivo acataron todavía el fallo, agregó Buira.

El fallo de la Corte salteña fue apelado en relación con que no se admite que haya habido discriminación hacia Sisnero. Buira elevó un recurso en queja ante el máximo tribunal del país. En el escrito señala que “resulta llamativo” que “ninguna de las empresas demandadas haya alegado ninguna razón legítima y que, en cambio, se amparasen en la libertad contractual para negarse a emplear a una mujer. Al contrario, las razones esgrimidas de contrario dibujan un abanico de extravagancias (van desde la no probada existencia de ‘patrones culturales’ a la alegación vacía de que las empresas ‘no tienen inconvenientes en contratar a mujeres conductoras’, aunque de hecho ninguna tenga en su plantilla a una conductora mujer)”.

“Es evidente que se está reservando un coto laboral al que pueden acceder sólo los hombres. Ninguna mujer en Salta con un oficio, por ejemplo peluquera o cosmetóloga, puede acceder a un importe mensual como el que cobran los choferes de colectivo. En otras provincias hay colectiveras. En Córdoba, por ejemplo, conducen los trolebuses. El mensaje que se está dando en Salta es tremendo: se considera que las mujeres no son aptas ni están habilitadas para conducir el transporte público”, opinó en diálogo con Página/12 la defensora oficial. Como Sisnero, espera un pronto pronunciamiento de la Corte Suprema.