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“Dentro del Estado, el sector más reticente para enfrentar el problema de la violencia de género es el del Poder Judicial. A muchos de sus integrantes este tema no sólo no les importa mucho. Les molesta”, dice la abogada feminista Susana Chiarotti Boero, con extensísima trayectoria nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Chiarotti es tal vez una de las voces más autorizadas en el país para analizar las respuestas del Estado en relación con un flagelo que deja un saldo atroz de un femicidio cada 30 horas y muestra que para las mujeres puede ser más peligroso su propio hogar que la calle.

A veinte años de la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia Contra la Mujer, conocida como Belém do Pará –por el nombre de la ciudad brasileña donde se reunió y la aprobó en junio de 1994 la XXIV Asamblea General de la OEA–, Chiarotti hace un balance sobre el impacto que tuvo ese tratado, fundamental para pensar la violencia machista desde una perspectiva de derechos humanos, y advierte que todavía falta en el país la implementación de un plan nacional contra la violencia de género y un presupuesto adecuado que “muestre el compromiso político frente a la problemática”, entre otras asignaturas pendientes.

Chiarotti es fundadora y directora del prestigioso Instituto de Género, Desarrollo y Derecho (Insgenar) de Rosario, ciudad donde vive y donde, además, es profesora de la Maestría de Género de la Facultad de Humanidades de la UNR. También es una de las caras en el país del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de las Mujeres (Cladem), entidad que presentó un amicus curiae en la causa que investiga la muerte de Vanesa Soledad Celma (ver aparte). Desde 1995, Chiarotti trabaja en el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de Belém do Pará, formado por representantes de los países que ratificaron la Convención, órgano que analiza cómo los estados adecuan su legislación y políticas a ese tratado y, al mismo tiempo, emite recomendaciones en cada caso.

–¿Cuál fue el impacto de la Convención de Belém do Pará en Latinoamérica?

–Lentamente los países de la región han ido adecuando su legislación al marco requerido por esta convención. Tenemos que tener en cuenta que Belém do Pará habla de la violencia contra las mujeres en tres áreas: doméstica, comunitaria o social y estatal. Se les pidió a los países que no sólo sancionaran la violencia doméstica sino también la que ocurría en las demás áreas. Poco a poco eso se fue consiguiendo. Ahora ya hay diez países que tienen leyes integrales que cubren no sólo otras formas de violencia –como la mediática, institucional, obstétrica, contra la libertad reproductiva, entre otras–, sino la que ocurre en el área social, como la violencia laboral, el bullying, el grooming y la estatal.

–¿Qué sucedió en Argentina?

–Argentina ha adecuado el marco jurídico con la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales. También ha implementado políticas y programas de atención para las mujeres que viven episodios de violencia. Sin embargo, aún hay una brecha importante entre la letra de la ley y su implementación. Falta, por ejemplo, poner en funcionamiento el plan nacional que ordena la ley; darle un presupuesto que muestre el compromiso político con la problemática; adecuar el sistema estadístico para tener datos ciertos sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres y poder planificar mejor su prevención y atención. Por otra parte, el sistema de justicia no creó mecanismos para una atención adecuada de las denuncias que recibe. El número de sentencias es mínimo comparado con las denuncias, lo que habla de un índice de impunidad vergonzoso. No hay mecanismos de seguimiento a las sentencias, por lo que en los pocos casos que llegan a sentencia, no hay garantías de cumplimiento. En cuanto a políticas y programas, los servicios de atención son escasos y se concentran principalmente en las capitales de provincia. Las personas que trabajan en los mismos no son cuidadas (con rotación de funciones, atención psicológica, descansos adecuados), por lo que en muchos casos tiene lugar un desgaste importante que perjudica su desempeño.

–¿Cómo cambió la mirada del Estado y de la Justicia en relación con la problemática de la violencia hacia las mujeres en las últimas décadas?

–En los treinta años que venimos trabajando este tema, el avance –a pesar de lo que falta– es gigantesco. Cuando hicimos la primera manifestación contra la violencia en Rosario, en 1986, no teníamos ley de violencia, ni servicios de atención, ni teléfonos de urgencia, ni fiscales especializados, ni investigaciones o bibliografía para ilustrarnos sobre el tema. Además éramos doce personas. Si comparamos con lo producido en el país en estos años; con la cantidad de gente que conoce de la problemática; con las investigaciones, libros, artículos y estudios publicados; con las oficinas de atención y teléfonos creados; las leyes dictadas y las políticas y programas creados, creo que el balance es muy positivo. Dentro del Estado, el sector más reticente es el del Poder Judicial. A muchos de sus integrantes, este tema no sólo no les importa mucho. Les molesta. Desearían que los problemas de violencia se resolvieran fuera del tribunal. Por otro lado, hay un sector que está avanzando con jurisprudencia muy positiva y con atención sensible. Hay que alentarlos y esperar que cada vez sea más numeroso.

–¿Qué evaluación podrías hacer de la mirada de los medios de comunicación sobre esta problemática?

–Una de las cosas que cambió es el tratamiento que se le da en los medios de comunicación. Es muy difícil escuchar ahora las palabras “crimen pasional”. También cambió la cuestión de la legitimación del tema. Si 20 años atrás era común escuchar que los celos eran una muestra de amor y que la violencia era normal, ahora ya se sabe que eso no es políticamente correcto.

–¿Qué se debería hacer en el ámbito educativo?

–Entre las transformaciones que hay que hacer, una muy importante radica en la currícula educativa y no sólo la explícita sino también la currícula oculta, o sea, la manera en que maestras-os y profesoras-es se dirigen a sus alumnos y alumnas, les distribuyen tareas y los estimulan para estudiar. Los contenidos educativos deben ser revisados para quitar rastros de sexismo desde que las niñas y niños entran al jardín maternal hasta la universidad. También hay que dar mensajes de compromiso político, que en muchos casos requieren fuertes inversiones de dinero y, en otras, simplemente una frase enérgica en un discurso que aclare que en este país la violencia contra las mujeres no será tolerada. Y eso no sólo por parte de las máximas autoridades. Cada funcionaria o funcionario, desde cualquier área del Estado, puede hacer ese compromiso.

–¿Hay una exacerbación de la violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja o está más visibilizada?

–¿Cómo contestar esa pregunta sin tener estadísticas fiables? Espero que dentro de unos años podamos contestar con datos que permitan hacer análisis de este tipo.