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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció “graves hechos de violencia institucional” ocurridos en las últimas semanas, en referencia al “asesinato de cuatro personas en los barrios de Villa Lugano y Barracas durante operativos de la Policía Federal Argentina”, al “uso de la fuerza para desalojar el barrio Papa Francisco en un operativo conjunto de la Gendarmería y la Policía Metropolitana” y a las “intervenciones de las fuerzas federales para reprimir protestas sociales sin respetar protocolos de actuación”. Al mismo tiempo, el CELS recordó también que “la violencia dentro de las cárceles y comisarías no llega a ser noticia, pero persiste y se agrava”.

El organismo de derechos humanos señaló que funcionarios y referentes políticos hicieron declaraciones que “legitiman esas prácticas y las retroalimentan”. En ese punto, remarcó que la delegación de la seguridad en las policías genera “violencia e inseguridad desde hace más de treinta años” y por esa razón “no es una novedad”. Recalcó que esas intervenciones de las fuerzas de seguridad van “en contra de cualquier política que persiga la inclusión social”.

A nivel del gobierno nacional, el CELS cuestionó “la regresión en la respuesta del Estado frente a la protesta social, los episodios de extrema violencia y abuso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la debilidad de los sistemas de control”. Todo eso constituye “un retroceso después de una gestión que entre 2011 y 2012 sostuvo un mayor gobierno político de las fuerzas”.

La crítica incluyó al gobierno bonaerense porque su “guerra contra el delito” se sostiene “en detenciones masivas que colapsaron el sistema penitenciario y en un incremento de la letalidad de su trabajo en las calles”. El gobierno porteño, por su lado, sostiene “una gestión violenta de los conflictos cuyas consecuencias, incluidos los muertos y los heridos, son convalidadas políticamente y no sancionadas por el Poder Judicial”. El CELS sostuvo que “el panorama no es mejor en otras provincias” y menciona los casos de Córdoba, donde “la policía funciona igual que antes de que se conocieran las denuncias por delitos” por el tráfico de drogas.

El CELS concluyó que “las estructuras de seguridad son las responsables de las peores violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en nuestro país. Esta es en sí misma, una deuda insoslayable para los proyectos políticos de restitución y ampliación de derechos”.