El debate abierto a partir del anuncio del proyecto oficial de “no criminalización” del consumo de drogas sumó la opinión del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, que expresó su apoyo a la iniciativa planteada por el titular de la Sedronar, el sacerdote Juan Carlos Molina. Además de manifestar su “apoyo y solidaridad” a Molina, el grupo que lidera el cura Eduardo de la Serna expresó su desacuerdo con la postura en contra del proyecto expuesta por el Equipo de Sacerdotes de la Pastoral en Villas y señaló, además, que “el papa Francisco puede opinar, si quiere, sobre el tema, por sus propios medios”. De esta forma se refirieron a lo dicho por el coordinador de la Comisión Nacional de Drogadependencia del Episcopado, el cura José María Di Paola, quien declaró: “No estoy de acuerdo con la despenalización y el Papa tampoco”. El comunicado del Grupo de Curas en Opción por los Pobres señaló que Francisco puede dar su opinión y si lo hace personalmente “será una opinión calificada, pero una más entre las muchas voces que debemos escuchar para encontrar caminos de protección del pobre, de lucha por la vida y de criminalizar a los verdaderos criminales”, en obvia alusión a los narcotraficantes.

El comunicado de los curas en opción por los pobres, al que tuvo acceso Página/12, señaló que “como curas integrados en la pastoral de diferentes regiones del país, conocemos el efecto que tiene en los distintos sectores de la población el consumo de drogas”. Recordó, en ese sentido, que “las adicciones no afectan solamente a los sectores más pobres, que a menudo son estigmatizados por los medios y también por buena parte de la sociedad”, en referencia a que muchas veces se vincula el tema de la droga con el delito y la seguridad, con el ojo puesto en los jóvenes que viven en las villas ubicadas en el área metropolitana.

La declaración de los curas que tienen a De la Serna como uno de sus referentes precisó que ellos conocen “los efectos peligrosos y dañinos del consumo de alcohol, que muchas veces genera episodios de violencia familiar, violencia de género o accidentes”. Por esa razón de declararon “totalmente de acuerdo con la propuesta de regulación de la publicidad de bebidas alcohólicas a sabiendas de que todas las medidas que afectan negocios son resistidas y ésta no será la excepción”.

Los curas en opción por los pobres se manifestaron “a favor de medidas culturales más que punitivas” contra los consumidores y consideraron que “es positivo que se dé un debate en la sociedad por ser éste un gran problema de nuestro tiempo”. Luego expresaron su desacuerdo “con declaraciones de algunos curas en dos aspectos: nos parece que el tema es urgente y que éste sí es momento de debate, si no ¿cuándo? La Sedronar viene pidiéndolo desde febrero sin resultados”. Puntualizaron que de no abrirse un debate a fondo “es evidente que en estas condiciones (actuales), el único criminal es la víctima”.

Sobre la postura en contra de la despenalización puesta en boca del papa Francisco, sostuvieron que el Pontífice “puede opinar si quiere sobre el tema por sus propios medios” y que la suya será “una opinión calificada, pero (será) una más entre las muchas voces que debemos escuchar para encontrar caminos de protección del pobre, de lucha por la vida y de criminalizar a los verdaderos criminales”.

El Grupo de Curas en Opción por los Pobres afirmó que “después de haber escuchado diferentes organizaciones y grupos que han trabajado el tema con seriedad académica y responsable, sabemos que el tema de la despenalización o la no criminalización es parte de un proyecto más complejo” sobre el cual “no se puede tener una lectura simplista”. Por todo lo expuesto, concluyeron que quieren “hacer llegar nuestro apoyo y solidaridad con la Sedronar y con Juan Carlos Molina en especial”.

La polémica se abrió a partir de los dichos del domingo del titular del Sedronar, Juan Carlos Molina, quien anunció que existe un proyecto para modificar tres artículos de la Ley de Estupefacientes, la número 23.737, sobre la base de que “no se debe criminalizar el consumo de drogas”.

Los artículos en cuestión son el 5, el 14 y el 16. El artículo 5 es el que establece las penas para los que produzcan y comercialicen estupefacientes. En el caso de los consumidores, se fijan penas de un mes a dos años de prisión. Esa parte sería la única a modificar. El 14 fija las penas, también de un mes a dos años de cárcel, para la tenencia de drogas, aunque se trate de pequeñas cantidades para uso personal. En el artículo 16 se dice que “además de la pena” los jueces deberán tomar medidas de “seguridad curativa” para los drogadependientes. En este punto se dejaría sin efecto la referencia a “la pena”. Molina, en un diálogo con este diario publicado el lunes, insistió en que sólo se busca adecuar la ley vigente al fallo doctrinario de la Corte Suprema que despenalizó el consumo.