“Problemas son los que sobran”, asegura Rubén Coila, vecino del barrio Sebastián, ubicado en las afueras de Lomas de Zamora. El panorama a su alrededor los muestra con crudeza. Las casas conviven con una red eléctrica de alta tensión, un depósito a cielo abierto de autos en descomposición y un basurero que, no tan lejos, deja ver una humareda grisácea. “Están quemando la basura de todo el municipio”, dice. El terreno tiene una depresión de unos dos metros, está bordeado por la laguna Santa Catalina y el arroyo Mugica, y presenta una zanja cloacal donde circula la materia fecal de la Unidad Penitenciaria Nº 40, por lo que en días de lluvia se inunda y 115 familias quedan expuestas a numerosas enfermedades. Los habitantes se asentaron en la zona hace cinco años, luego de que fueran desalojados violentamente de otras tierras, el gobierno bonaerense les concediera las actuales y prometiera su urbanización. Este año, por la lucha de los vecinos, se conformó una mesa de gestión con organismos municipales, provinciales y nacionales y se solucionaron algunos problemas, como el freno al ingreso de chatarra y residuos. A comienzos de este mes, el barrio ingresó al Programa de Regularización y Urbanización de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat. Sin embargo, los vecinos, preocupados, denuncian que la intendencia volvió a tirar autos y permanecen expectantes por la continuidad de la mesa de trabajo.

El barrio se encuentra en la localidad de Santa Catalina, en la cuenca alta del río Matanza-Riachuelo, y viven familias, en su mayoría argentinas, bolivianas y peruanas, que se dedican a trabajos de construcción y costura. En agosto de 2008, tal como publicó Página/12 en su momento, fueron desalojadas de un predio cercano a la penitenciaría, a casi un kilómetro de donde están ahora, por unos 600 efectivos de la Policía Bonaerense y del Grupo GEO. Aunque los lotes les pertenecían, los vecinos cuentan que, en feria judicial, sin previo aviso ni fiscal presente, los policías también arrasaron con sus casas.

Desde ese momento, centenares acamparon durante cinco meses en el lugar a la espera de que alguna autoridad les ofreciera una explicación. El apoyo del sacerdote Luis Farinello y de distintos organismos sociales les permitió reunirse con el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, quien reconoció las irregularidades y, en enero de 2009, cedió a los vecinos el actual terreno. “Era un pozo lleno de malezas y no tenía la capacidad para todas las familias. Nos prometían materiales que llegaban tarde y eran de mala calidad. Pero era eso o nada”, afirma Coila.

Con poca ayuda del municipio y de la provincia, los vecinos comenzaron a mejorar el lugar por su cuenta. Se ocuparon de la medición y repartición de tierras, comenzaron su nivelado y arreglaron las calles de acceso e interiores. Además, construyeron sus casas y diseñaron sus redes de agua y luz. Los mayores problemas eran los días de lluvias que causaban anegaciones, un depósito judicial con autos abandonados y un zanjón que funcionaba como desagüe cloacal de la cárcel, no tenía tratamiento y desembocaba en los patios de algunas viviendas.

La instalación de un basural a pocos metros del barrio, sin ningún tipo de consulta, en 2013, terminó con la paciencia. Los camiones recolectores llenaban el predio de basura y destruían la calle Peñaloza, el único acceso al barrio. Yuddy Gamucio, otro vecino, agrega también que, por las madrugadas, se enterraban tambores bajo tierra. “Sentías que te picaba la nariz y te dolía la cabeza. La maleza empezaba a morirse, las casas se llenaban de moscas verdes gigantes. Los chicos tienen enfermedades en la piel, heridas. A una nena que vive cerca del basurero le sacaron trece gusanos que tenía en una herida en la cabeza que no paraba de rascarse”, recuerda.

La falta de respuesta de la delegada municipal Fabiana Alfaya motivó una fuerte movilización vecinal ante distintos organismos. La Secretaría Nacional de Hábitat, frente a la situación de emergencia habitacional, propuso en mayo de este año la conformación de una mesa de gestión con el municipio, a cargo interinamente en ese entonces de Santiago Carasatorre, la Subsecretaría de Tierras de la provincia de Buenos Aires, la Defensoría General de la Nación, la Asesoría Ambiental del Senado bonaerense, la Defensoría del Pueblo provincial, el Concejo Deliberante y la propia comunidad.

El trabajo conjunto permitió frenar la entrada de basura y de autos, y que AySA comenzara un proyecto de red de agua potable, que en la actualidad se encuentra en su parte final. Además, posibilitó la inclusión de Sebastián en el programa de urbanización nacional, por el que se repararán las calles, se rellenarán los terrenos y se construirán veredas, una plaza central y un playón deportivo, a partir de enero.

Hoy, el barrio se encuentra en mejores condiciones que cuando se formó, pero las condiciones de vida siguen siendo muy pobres. “Queremos tener desagote. Los días de lluvia, la parte de atrás del barrio se inunda toda. Además, como nos llega la mierda de la penitenciaría, cuando llueve, hay un olor horrible y muchos chicos se enferman”, enumera Tito Angles, otro de los habitantes del barrio.

Tito explica que uno de los grandes inconvenientes es el acceso al barrio. “Hay chicos que tienen que ir a la escuela y con la lluvia no pueden porque les llega el agua a las rodillas. Una vez, una nena con fiebre murió una noche porque la familia no pudo salir con el auto.”

No obstante, todos los vecinos coinciden en que la mayor preocupación es que la actual intendencia les dé continuidad a los encuentros para lograr la urbanización del barrio. Sebastián Cuccio, abogado que colabora en la lucha de los vecinos, comenta que “desde que volvió (Martín) Insaurralde, la Dirección de Tránsito comenzó a tirar autos otra vez. La delegada municipal nos decía que se trató de un error, que tenían una orden judicial para dejarlos que nunca nos mostraron. Logramos frenarlo con el compromiso del intendente anterior”.

Cuccio sostiene, además, que “después de que intentaran sacar las reuniones de la mesa de gestión del Palacio Municipal para quitarles visibilidad, hoy (por ayer) nos reunimos de nuevo en el Concejo Deliberante, que nos confirmó la continuidad de las políticas de urbanización. Es un paso importante, pero nos mantenemos atentos”.

Informe: Gonzalo Olaberría.