Más de cincuenta policías, golpes a adultos y niños, matanza de animales y una topadora que destruyó una vivienda. Sucedió en el partido bonaerense de Almirante Brown y la víctima fue una familia de pequeños productores agropecuarios, que siembra, cría animales y sufrió tres represiones en dos meses para que abandone la tierra donde vive y trabaja desde hace décadas. Las organizaciones sociales denuncian que la especulación inmobiliaria avanza sobre los productores periurbanos y apuntan a la complicidad judicial y política. La familia acampa en la calle, frente a la tranquera, a la espera de volver a su chacra. Policías de civil, en autos sin patente, los presionan para que abandonen su tierra.

A sólo cinco minutos de la estación de trenes de Longchamps (sur del Gran Buenos Aires), se termina el asfalto y se abre un camino ancho de tierra, árboles a ambos lados y campo. Una tranquera con una bandera blanca y letras negras: “La tierra para quien la trabaja”. Sobre el alambrado, una chapa vieja que hace de cartel y grafica la situación: “Defendemos el derecho a vivir, producir y criar a nuestros hijos en el campo”. En la vereda, dos casillas improvisadas, de madera y lonas. “Estamos resistiendo. No nos dejan entrar a nuestro campo, pero no nos vamos a ir, tenemos derechos”, advierte Héctor Velázquez, sesenta años, sombrero de ala ancha.

Velázquez y Ana Kener viven hace 35 años junto a sus cuatro hijos en Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown. Trabajan ocho hectáreas en las que obtienen alimento para la familia y comercializan excedentes. Huerta, árboles frutales, chanchos, ovejas y gallinas.

El 21 de octubre a las 8 llegaron hasta el lugar cincuenta policías. Muchos de civil y en autos sin patente. Golpearon a Velázquez, lo tiraron al piso. Boca abajo, lo esposaron y le pisaron la espalda durante media hora. También golpearon a su hija de 16 años. Lo arrastraron cincuenta metros hasta la calle y lo llevaron preso.

Los efectivos destruyeron los corrales, mataron animales y, con una topadora, destruyeron por completo la vivienda familiar. Aún se observan los escombros de las tres habitaciones, el baño y lo que era un amplio comedor. “No mostraron orden de desalojo y nunca nos notificaron que había una causa judicial ni nada”, explica Velázquez.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y el Frente Agrario Evita acompañan a los productores de Ministro Rivadavia. “Fue todo irregular. No hubo posibilidad de defensa, nunca fueron notificados y la violencia fue terrible”, explicó Lucio Guichet, del Frente Agrario Evita.

El 27 de noviembre se repitió la represión. Policías de civil, autos sin patente y golpes para mujeres y niños. Y la municipalidad envió una topadora para intentar sacarlos del costado del camino por “entorpecer el tránsito”. El 2 de diciembre, cuando la familia reingresó al predio para alimentar a los animales, sobrevino otra represión. Arrastraron del pelo a Ana Kener y también a sus hijas adolescentes. Incluso maltrataron a sus nietos (de 4 y 8 años). Detuvieron al matrimonio y a un integrante del MNCI.

Antes del primer desalojo, la familia tenía cien chanchos, 300 gallinas y 40 ovejas. Muchos murieron cuando los efectivos derribaron los corrales y otros durante la primera semana de desalojo, porque el juzgado no permitía que ingresaran a alimentar y dar agua a los animales. “No nos queda casi nada. Estamos en la ruina”, denuncia Velázquez.

El viernes 12 de diciembre se realizó un festival solidario en la estación de Longchamps. La consigna fue “Basta de especulación inmobiliaria, por la función social de la tierra”. La familia Velázquez y el MNCI coinciden en lo llamativo de la rapidez judicial y en la enorme violencia policial para hacerse del predio. En el último mes se dieron tres casos de supuestos abogados que reclaman campos en la misma zona rural de Almirante Brown. La chacra de Velázquez está a cien metros del Aeroclub Longchamps, un lugar señalado con potencial para turismo rural y urbanístico (barrios cerrados).

La parcela de ocho hectáreas en disputa forma parte de un predio mayor, de cincuenta hectáreas, reclamada por la empresa constructora Colombi, de Quilmes, contratista de obra pública de municipios del conurbano bonaerense. Nunca tuvo presencia en el predio en disputa. Y vendió recientemente el inmueble (con familias dentro) a Joaquín Somoza, que tampoco nunca se había hecho presente en el lugar.

En cambio, la familia Velázquez habita el lugar desde 1979, hizo mejoras y tiene derechos: el Código Civil contempla el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas tiene derechos adquiridos). Velázquez, que nunca había sido detenido, tiene ahora dos causas judiciales. Una por “usurpación” y otra por “resistencia a la autoridad y amenazas”. Tomó intervención la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires e intervienen el fiscal Sebastián Bisquert (UFI 19 de Lomas de Zamora) y las juezas Laura Ninni (Juzgado de Garantías VI) y Rosa María Caram (Juzgado Civil y Comercial V).

“Acá hay algo político atrás”, repite Velázquez, sentado en la vereda de su chacra. Sólo puede ingresar al campo para alimentar a los pocos animales que sobrevivieron. Adentro del predio se observa un auto con dos policías de civil. Cada doce horas se hacen relevos. Suelen transitar autos sin patente. Velázquez avisa que no les teme, que su familia volverá a trabajar esa chacra: “Si no volvemos a la tierra, morimos”.