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Amnistía Internacional pidió ayer a la presidenta Cristina Kirchner que impulse el debate legislativo sobre la despenalización del aborto. Ante la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso nacional, programada para el domingo, la organización de derechos humanos señaló que el derecho internacional impone a los Estados la obligación de combatir la mortalidad materna y de no utilizar el sistema penal para abordar y controlar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

El reclamo está en línea con el documento que presentó el miércoles el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con amplios argumentos jurídicos, desde una perspectiva de derechos humanos, que obligan al Estado argentino a avanzar con la despenalización y legalización del aborto temprano.

La carta, con la firma de la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, señala que “muchos de los argumentos de derechos humanos utilizados por este gobierno para marcar el camino y promover políticas como las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, por nombrar algunas de las más recientes, convergen y coinciden en un todo con una política de despenalización absoluta del aborto”.

En abril de 2014, se volvió a presentar en la Cámara de Diputados el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo (IVE) que impulsa la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con más de sesenta firmas de legisladores en un extenso abanico político, del oficialismo y la oposición. Pero el debate en el Congreso no se abre por falta de decisión política. El kirchnerismo espera alguna señal presidencial para habilitar la discusión. Pero el tema divide a los bloques internamente. Es la quinta vez que ingresa el proyecto en la Cámara baja, tras perder estado parlamentario sin tratamiento, desde 2007, cuando se presentó como iniciativa de la sociedad civil.

La carta de AI enviada a CFK recuerda además que, en agosto de 2013, la Argentina y otros 38 países de América latina y el Caribe, al discutir la agenda regional de Población y Desarrollo, reconocieron que la penalización del aborto provoca el incremento de las muertes de mujeres vinculadas con el embarazo, el parto y el puerperio y de los casos de mujeres que quedan con secuelas graves para su vida reproductiva. Y que esa política de criminalización de la interrupción voluntaria de un embarazo no disminuye el número de abortos. AI puntualizó que los Estados de la región acordaron en esa oportunidad “modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes”.

“El tipo penal que criminaliza el aborto –dice la carta– viola el derecho a la igualdad y no discriminación, amparado por la Constitución nacional y tratados internacionales. En efecto, la falta de acceso a los servicios de salud y al aborto afecta sólo a las mujeres como grupo e impacta en forma desigual y diferenciada a aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos para solventar servicios privados de salud. Son entonces las mujeres, y especialmente las mujeres de bajos recursos, las que ven violados sus derechos.” “Despenalizar el aborto –concluyó AI– es un imperativo de derechos humanos.”