A ocho meses de la muerte de la estudiante de periodismo Emilia Uscamayta Curi, quien se ahogó en la pileta de una quinta, durante una fiesta de Año Nuevo que estaba prohibida por el municipio y que se realizó igual, el primer funcionario imputado en la causa es el secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, Daniel Piqué. De las declaraciones de numerosos testigos, incluyendo funcionarios municipales y de la Policía Bonaerense, surge con “semiplena prueba e indicios vehementes” que fue Piqué quien, contradiciendo sus propias e iniciales órdenes, hizo retirar de la entrada al lugar –la quinta San Cayetano de la localidad de Melchor Romero– al móvil policial que montaba guardia desde alrededor de las 21 del 31 de diciembre pasado para impedir el ingreso de gente y hacer cumplir la prohibición.

En el texto de la imputación formulada por el fiscal Alvaro Garganta, se deja constancia que la intimación para que la fiesta no se hiciera, por razones de seguridad de sus asistentes, fue tomada por la oficina de Control Urbano, organismo que depende, precisamente, de la Secretaría de Seguridad a cargo de Piqué. En los considerandos de su imputación, el fiscal señaló que para impedir la realización se enviaron al lugar “móviles de la policía local”, pero estos no pudieron actuar porque “un sujeto de sexo masculino en su calidad de secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata” ordenó el retiro de la consigna de prevención “de modo (tal) que el evento se pueda realizar”.

Uno de los testigos es el abogado Daniel Amerise, quien dijo que “recibió un mensaje a su teléfono celular, donde se lo anoticiaba de la realización de una fiesta” en la calle 520, entre 159 y 160, de Melchor Romero, donde está la quinta San Cayetano. Por esa razón, el 31 de diciembre de 2015 se comunicó “mediante Whatsapp con Piqué, quien le manifestó (que) tenía conocimiento de la fiesta (…) y que iba a ubicar móviles (policiales) porque además ‘esa fiesta pinta para descontrol’”, textuales palabras del funcionario imputado.

Los oficiales Matías Jiménez y un compañero suyo, de apellido Quispe, cerca de las 22 del 31 de diciembre relevaron a otros dos compañeros que estaban custodiando la puerta de la casa quinta para evitar el ingreso de personas a la fiesta que se había prohibido. Quispe declaró que “a los 15 minutos” de hacer el relevo “recibe el llamado de la oficial De Tesano Vanessa, quien le manifiesta que debían liberar el lugar”.

El nombrado Jiménez confirmó que “siendo las 21.20 salimos de la base con mi compañero, llegando a destino alrededor de las 21.40, a la quinta de calle 520 y 159, donde debíamos impedir cualquier movimiento”. Confirmó que “a los 10 minutos nos llama De Tesano, avisando que levantemos la guardia. Preguntado sobre la hora en que se fueron del lugar, estimó que fue alrededor de las 22,30 de ese 31 de diciembre”. La imputación contra el secretario de Seguridad Daniel Piqué es por “el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público” dado que se considera que el funcionario “resulta ser autor penalmente responsable del hecho descripto”.

Piqué fue citado a prestar declaración indagatoria el jueves 22 de este mes, a las diez de la mañana. El abogado de la familia Ustamayta, Adrián Rodríguez, le recordó ayer a Página/12 que desde el comienzo de la investigación vienen señalando la responsabilidad del municipio en la realización de una fiesta a la que asistieron miles de personas, en una casa quinta que no estaba habilitada ni autorizada para reuniones de esa magnitud, dado que no reunía las condiciones de seguridad necesarias.

La familia de Emilia pidió que sean investigados otros cuatro funcionarios del municipio: Néstor Galárraga, Walter Etchevest, Emanuel Reyes y el director de Nocturnidad de la comuna, Gerardo Gioglio. “Esos funcionarios están sospechados de haberse presentado en el lugar (en la noche del 31 de diciembre de 2015), de haber labrado el acta de prohibición y de no haber impedido el evento”, le dijo a Página/12 Cristian Uscamayta, hermano de la joven. El abogado de la familia, Adrián Rodríguez, agregó que los funcionarios municipales “debieron extremar medidas para que la fiesta no se hiciera, pero la desidia permitió que la fiesta siguiera aunque era ilegal”.

Rodríguez recalcó que “básicamente, Piqué está señalado de ser la persona que dio la orden para que se retire la consigna policial de la casaquinta, el día 31 de diciembre, para que los organizadores puedan realizar la fiesta el 1° de enero. Los demás funcionarios, Galárraga, Etchevest, Gioglio y Reyes, de hacer aflojar los controles de policía estatal. Es decir hubo zona liberada del control estatal hasta que se constató la muerte de Emilia”.