La ansiedad del gobierno de Cambiemos por disponer en la Ciudad de Buenos Aires de un organismo que habilite la creación de sociedades comerciales nacionales y extranjeras con normas más flexibles lo lleva a contradicciones evidentes. Mientras por un lado dan por hecho que la Inspección General de Justicia pasará sus atribuciones a la Ciudad, haciendo caso omiso de que la ley porteña que pretende ese objetivo está apelada, por otro, el propio Ministerio de Justicia presentó en junio en el Senado un proyecto modificatorio de la ley 24.588 –conocida como Ley Cafiero– con la finalidad de transferir la IGJ a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. En buen romance, el Ejecutivo reconoce que se debe modificar esa ley para avanzar en la formación de un nuevo organismo.

La incongruencia es destacada en el cuarto pedido de elevación a Cámara que la fiscal general Gabriela Boquin le presentó anteayer a la jueza subrogante Macarena Marra Giménez con el fin de que se defina el conflicto planteado desde hace siete años por la creación de ese organismo. En 2008 la Legislatura porteña aprobó la formación de la IGJ en la comuna, la entonces fiscal general ante la Cámara, la actual procuradora Alejandra Gils Carbó, planteó una medida cautelar para frenar la aplicación y la inconstitucionalidad, justamente porque una ley menor no puede alterar una norma nacional como la ley Cafiero que fija los límites de la autonomía porteña. Apenas Mauricio Macri fue electo Presidente, en febrero pasado la jueza rechazó la cautelar sin pronunciarse sobre la cuestión de Fondo. La fiscal Boquin apeló, concedió la apelación pero no se desprendió del expediente, es decir no lo elevó a la Cámara para que siga su curso.

Boquin también marcó el riesgo de la política de hecho consumado con el que se está manejando el gobierno porteño, amparado por la IGJ nacional. La fiscal señaló que en la Ciudad designaron a Hernán Najenson como director del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, el organismo creado por la ley suspendida 2875. “En marzo, lo nombraron en el cargo retroactivo a febrero, lo cual de por sí no se entiende, pero además en abril piden el levantamiento de la cautelar, es decir que lo designan en un cargo que no tiene vigencia”, destacó en diálogo con Página/12. La fiscal plantea que esa actitud puede derivar en la toma de decisiones que terminen anulándose porque es ilegal el nombramiento del funcionario.

Otro alerta lo encendió el subinspector General de Justicia, Osvaldo Norte Sabino –quien proviene del estudio de abogados Marval O’Farrell, Mairal, uno de los más influyentes de la city–, al anunciar la semana pasada en un coloquio en el Banco Central que están trabajando en el traspaso de la Inspección General de Justicia a la Ciudad ante la mirada atónita de Boquin, asistente a la jornada.