Juan José Aranguren, ministro de Energía, se amparó en que no hay plazo mínimo para dar información básica a los consumidores.

Envalentonado por el fallo de la Corte Suprema que anuló un amparo sobre el aumento de la luz, el Gobierno busca cerrar el capítulo del tarifazo aplicando sus propias reglas. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, se reunió ayer con las asociaciones de consumidores y planteó que no considera que el Ejecutivo tenga la obligación de mostrar cómo se forma el precio del gas en boca de pozo de cara a la audiencia pública del 16 de septiembre. Las entidades manifestaron que eso entraría en contradicción con el fallo de la Corte y deslizaron que podrían pedir la nulidad de la audiencia. “Hagan juicio si quieren”, los apuró Aranguren, quien volvió a mostrar la información del nuevo cuadro tarifario que supone una suba promedio del 200 por ciento para hogares que mantienen su nivel de consumo y un esquema de quita semestral de subsidios hasta octubre de 2019.

Tal como informó este diario, el Gobierno viene retaceando información de cara a la audiencia pública que se celebrará en nueve ciudades de manera simultánea. Las entidades de consumidores alertaron sobre este tema porque consideran que no hay posibilidad de un debate real si el objeto de la discusión (el precio del gas en boca de pozo, el aumento para las empresas de distribución y transporte y el impacto social del tarifazo, entre otros) se deja ver apenas antes de la audiencia. En ese caso, el encuentro se convertiría en una mera formalidad, algo sobre lo cual la Corte ya advirtió al Gobierno.

El expediente de la audiencia fue incorporando información en los últimos días: las transportadoras TGN y TGS presentaron informes, al igual que Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi, por el lado de las distribuidoras. También están los datos vinculados a la nueva propuesta tarifaria del Gobierno, que consiste en reducir los subsidios elevando a partir de octubre el precio del gas en boca de pozo que pagan los usuarios de 1,29 a 3,42 dólares el millón de BTU, para luego actualizar esa cifra semestralmente hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019, fecha en la que solo quedarían en pie los subsidios de la tarifa social.

“Queremos advertir que la Corte dice que tenemos que discutir el valor del gas en boca de pozo. Distinto es decir que sólo vamos a analizar su traslado al sistema de distribución y transporte, tal como está planteado en la convocatoria a la audiencia”, indicó ayer Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. “Esas son interpretaciones erradas del fallo de la Corte”, le respondió Aranguren, ladeado por el jefe del Gabinete Económico, Gustavo Lopetegui; el interventor del Enargas, David Tezanos, y el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño. El ministro entonces dejó saber que para el Gobierno no hay una obligación a mostrar cómo se forma el precio de producción del gas.

El titular de Deuco, Pedro Bussetti, insistió sobre el tema del precio del gas en boca de pozo y Aranguren, enérgico, le dijo “¿qué pasa?, ¿qué quiere usted?”. “Queremos postergar la audiencia pública para tener un tiempo razonable de estudio de la documentación”, respondió Bussetti. “Entonces haga juicio, la ley no establece un plazo mínimo para publicar la información”, dijo el ministro.

En su fallo que anuló el aumento original del gas, la Corte sostuvo que “hasta el momento en que el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, es necesaria la celebración de una audiencia pública. Esta audiencia pública debe realizarse para todos los tramos que componen la tarifa final: precio en boca de pozo (PIST), transporte y distribución”. Además, los magistrados advirtieron al Gobierno que “la audiencia no es un evento destinado a que se notifique lo ya decidido; ello implicaría convertirla en una formalidad y a los usuarios en meros espectadores”.

La información del sector del transporte y distribución de gas y la propuesta tarifaria del Gobierno será debatida en la audiencia pública del viernes de la semana que viene. Sin embargo, brillan por su ausencia los datos relacionados al costo de producción del gas. El ministro Aranguren sostiene que en materia de precios del gas las referencias son los valores de importación: el que proviene de Bolivia a un precio promedio de 6,71 dólares por millón de BTU, el Gas Natural Licuado a 11,54 dólares y el gasoil a 12,91 dólares. Sin embargo, la importación representa el 29 por ciento de la oferta de gas. El resto es producida por yacimientos locales, que recibieron el año pasado un precio promedio de 4,25 dólares el millón de BTU, que surge de ponderar los 2,49 dólares que se pagaba por la producción vieja y los 7,33 dólares por la producción adicional. El promedio estimado para 2016 está en 4,72 dólares. La información sobre cómo se forma el precio interno es sensible para las petroleras, y eso Aranguren, ex CEO de Shell Argentina, lo sabe mejor que nadie.