La justicia porteña allanó oficinas de Uber en el microcentro porteño y casas de choferes de autos que prestan el servicio para la aplicación, en 13 operativos simultáneos durante los cuales secuestró computadoras, teléfonos celulares, documentación y un Server. Los procedimientos fueron autorizados por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°16, Claudia Amanda Alvaro, en la causa iniciada por el fiscal Néstor Maragliano y el Fiscal de Cámara Martín Lapadú por uso del espacio público con fines lucrativos, y en la que pesa una clausura sobre Uber que la aplicación, explicaron fuentes judiciales, habría violado. Lapadú detalló que choferes y gerentes de Uber podrían quedar imputados y ser pasibles de penas de entre 10 y 20 días de arresto efectivo, y que, en el caso de los conductores, podría sumarse “la posibilidad de inhabilitación para manejo por el plazo de dos años” porque “no tenían licencia profesional”. Por su parte, voceros de la aplicación eludieron referir directamente los procedimientos, aunque aseguraron que “pese al difícil periodo que atraviesa la economía argentina, ya más de 1,000 ciudadanos han encontrado en aplicaciones como Uber una fuente digna y flexible de ingreso para sus hogares” y añadieron: “reiteramos nuestro respaldo absoluto para los socios”.

Los allanamientos, realizados por la Policía Metropolitana y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía porteña, se dividieron en dos bloques: por un lado, los realizados en oficinas de Maipú al 500; por el otro, los realizados en ocho domicilios, todos ellos correspondientes a conductores identificados como choferes de Uber. “En las casas particulares de los socios secuestramos algunas computadoras y teléfonos celulares. Sus datos fueron sacados de actas de los procedimientos del Gobierno de la Ciudad. En principio, lo que se les va a imputar a estos choferes va a ser no solo la primera parte del artículo 83 del Código Contravencional, que se refiere a actividades lucrativas en vía pública sin autorización, sino también por infracción al artículo 74, de exceso en el límite de la licencia”, detalló el fiscal Lapadú. El funcionario detalló que por la aplicación del artículo 74 podrían dictarse “diez días arresto efectivo” a los imputados.

En tanto, en las oficinas de Maipú al 500 los policías secuestraron teléfonos celulares, documentación, computadoras y un server. “Eran oficinas como de un call center en el que había una persona que se identificó como dueño del lugar pero negó a viva voz su vinculación con la empresa Uber”, informó Lapadú. Los empresarios “podrían ser imputados también por el artículo 73, que es la violación de clausura, porque ellos desde abril tienen clausurada o bloqueada tanto la página web como la aplicación y sin embargo continúan desarrollando la actividad, de modo que están violando la clausura”, detalló el fiscal. El funcionario añadió que, además, los empresarios podrían ser imputados por “el segundo párrafo del artículo 83, porque son ellos quienes organizan la actividad lucrativa”. Por la violación de clausura, añadió, “se les podría aplicar hasta 20 días de arresto efectivo”.

Voceros de Uber en Argentina eludieron referir los operativos judiciales, pero señalaron que “el progreso sólo es posible a través del cambio e implica defender lo que es mejor para los ciudadanos. Por eso pedimos a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires un espacio de dialogo para trabajar en alternativas regulatorias que busquen, por medio de la tecnología, complementar las opciones de movilidad existentes y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.