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Trabajar en el capítulo argentino del libro Guinness ha de ser una labor estresante: todos los días se baten records mundiales, no hay modo de dar abasto. Ayer se sumó la solicitada publicada a página entera en Clarín y a tres cuartos de página en la sábana de La Nación. Se titula “El juez Rafecas debe ser removido” y la adorna una fundamentación tan escueta como ruin, un ataque a la independencia del Poder Judicial (ver asimismo nota principal).

El fundamento del pedido, he ahí la rareza de nivel planetario, es una sentencia de primera instancia del juez federal Daniel Rafecas que fue confirmada por la Sala I de la Cámara. Es de por sí inusual sancionar a los magistrados por divergencias con sus fallos, eventualmente revocables por tribunales superiores. Pero derrocarlo por una decisión ratificada por un tribunal superior constituye un disparate.

Cualquier jurista internacional o persona de sentido común se asombraría aún más al percatarse de que la solicitada fustiga implacablemente a los camaristas que ratificaron la sentencia. Califican su intervención como “vergonzosa”. Le atribuyen “igual o mayor ligereza” (que Rafecas). Pero no piden jury ni destitución en su contra.

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La contradicción aparente es un rebusque táctico que desnudó ayer en este diario Raúl Kollmann en una contratapa notable. Los mencionados camaristas, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, citaron para el jueves próximo a una audiencia para analizar el pedido de reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman sobre el Memorándum de acuerdo entre Argentina e Irán. La inconsecuencia no es tal, hay una amenaza explícita: si Ballestero y Freiler convalidan el cierre del caso serán puestos en la picota, junto a Rafecas. La presión, apriete o chantaje (usted dirá) recae sobre dos hombres con convicciones menos firmes que las de Rafecas.

Este es un protagonista diferente a la mayoría de los magistrados que conviven en el serpentario de Comodoro Py. No el único, pero integra una selecta minoritaria. Es honesto, estudioso, de alto nivel académico, incorruptible. Vive a la altura de sus ingresos y no se alinea políticamente con el gobierno de turno. Su trayectoria es impecable y raya muy alto en materia de Derechos Humanos.

Es un personaje incómodo, no solo para el actual oficialismo. En 2012 instó la investigación contra el entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone. Eso le valió una diatriba injusta de Boudou y el encono del kirchnerismo, que lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. Casi en paralelo, en un prodigio del bipartidismo, los radicales iniciaron otro jury contra él porque hizo un estudio formidable del caso de las coimas en el Senado, que determinó el juzgamiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Este fue absuelto por un Tribunal Oral, compuesto por dos jueces boina blanca y uno procesista.

Las autoridades del multimedios Clarín, con su CEO Héctor Magnetto a la cabeza, lo odian por el modo impecable en que actuó en la causa en que se investiga si hubo delitos de lesa humanidad en la venta de Papel Prensa. También promovió jury contra Rafecas. Años atrás el juez tuvo sobre su cabeza esa espada (tridente) de Damocles durante un largo lapso. Finalmente, quedó dispensado de sanciones.

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La vendetta radical se trasunta en la lista de firmantes: hay tres ministros del memorable Gabinete de De la Rúa: Graciela Fernández Meijide, Juan José Llach, Nicolás Gallo. También diputados del aliado menor de la coalición Cambiemos que le hacen un favor al Ejecutivo acaso esperando ser mejor tratados en el reparto de cargos.

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La solicitada incurre en una elipsis remarcable. Según sus palabras “el encubrimiento de un delito de lesa humanidad, es también otro delito de lesa humanidad”. Los firmantes nada dicen respecto del juicio por encubrimiento sobre el atentado de la AMIA que viene tramitando ante un Tribunal Oral. Están en el banquillo ex funcionarios menemistas, el ex juez Juan José Galeano, el comisario preferido del presidente Mauricio Macri, Jorge “el Fino” Palacios y un ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja.

Algún silencio es explicable fácilmente. El ex vicepresidente de la DAIA y diputado de Cambiemos, Waldo Wolf, prefiere gambetear el tema para no incursionar en la responsabilidad de su cofrade y de la entidad que integra.

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Se sigue investigando la muerte violenta de Alberto Nisman. Las pruebas inducen a interpretar que fue suicidio, en cualquier caso la autoridad competente no ha resuelto que fue homicidio. Sí hubo seguro 85 personas asesinadas en el atentado contra la AMIA. El discurso de los apologistas de Nisman a menudo olvida que el atentado ocurrió en 1994. Y todo lo que sucedió después: complicidades del poder político, del judicial, de la SIDE, de la DAIA y la de las fuerzas de seguridad.

Memoria Activa, uno de los colectivos (que a diferencia de la AMIA y la DAIA) siempre bregó por el esclarecimiento, había pedido en 2014, al cumplirse veinte años del atentado, que se apartara a Nisman del caso por su manifiesta incompetencia.

Diana Wassner, una luchadora infatigable de Memoria Activa, tuiteó sobre la solicitada: “(Nisman) con el dinero para investigar la muerte de 85 personas compró propiedades y se rió de nosotros, sus familiares”. Preguntó, irónicamente, sobre los firmantes: “¿Estas ‘personalidades’ firmaron algo contra Galeano, Beraja o Nisman que estafaron a los familiares de las víctimas?” Alejandro Rúa repasó la lista y respondió: “De la lista la única persona que recuerdo fue al juicio del encubrimiento en #AMIA, estaba del lado de los acusados”. Deja abierta la puerta para que haya habido un par más en la caterva pero el doble standard es notorio.

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No hay modo de irradiar tranquilidad a los compiladores del Guinness: nada garantiza que el reclamo sea rechazado en los órganos estatales competentes. Se inscribe en una ofensiva contra jueces o fiscales indóciles ante el gobierno y el establishment. La procuradora Alejandra Gils Carbó está en la lista de “destituibles”. También ella fastidió al kirchnerismo gobernante cuando dictaminó contra la fusión de Multicanal y Cablevisión. Clarín la tiene en la mira desde entonces… ahora encuentra socios en la coalición oficialista.

Los detestables fundamentos de la decisión de la Corte Suprema rechazando una opinable remisión de expediente por parte de la jueza Martina Forns hacen sistema con la embestida. Le faltaron el respeto, la agredieron como tal vez jamás lo hizo ese Tribunal solo por una divergencia de procedimiento. La jueza Elena Highton de Nolasco se negó a firmar esa decisión, comprobando lo que venimos diciendo: hay magistrados dignos en el Poder Judicial. Pero son minoría. Una temible coalición político-judicial-mediática va por sus cabezas.

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