La jueza Wilma López dictó el procesamiento del jefe del Servicio 14-22 del Borda, dos psiquiatras y tres enfermeros del mismo servicio, a quienes imputó por la muerte de Matías Carbonell, ocurrida el 12 de noviembre de 2010. La jueza procesó Roberto Luis Capiello –psicólogo y jefe del servicio–, Fabián Gustavo Pintow y Silvia Beatriz Scheweitzer –psiquiatras que prescribían la medicación a Matías– y los enfermeros Hugo Alfredo Dospital, Ismael Ricardo Portillo y Jorge Héctor Mastricola. Las imputaciones fueron por abandono de persona seguida de muerte, omisión de denunciar las quemaduras por electrocución que había sufrido y sustracción de prueba como parte de una maniobra para encubrir. Es la primera vez que se procesa a médicos, jefes de servicio, por este tipo de delitos.

Carbonell había llegado al Hospital Penna derivado del Borda, en profunda agonía. Al ingresar, los médicos señalaron que su cuerpo tenía lesiones físicas compatibles con el pasaje de corriente eléctrica, entre otras condiciones físicas de extrema gravedad que no pudieron ser revertidas. Con tanta claridad fueron detectadas las marcas de pasaje de electricidad que los propios dermatólogos del Penna denunciaron el caso a la Federal.

Carbonell estaba internado en el Servicio 14-22 desde diciembre de 2009 y atravesó una internación en condiciones denigrantes: fue maltratado y torturado, soportó diversas formas de violencia y hostigamiento por parte de los profesionales por impulsar reclamos para la mejora de las condiciones de internación, ya que era el delegado elegido por sus compañeros.

López sostuvo que “el Servicio 14-22 del Hospital Borda funcionaba como residual de los restantes, careciendo de un plan de tratamiento y abordaje específico, teniendo como única finalidad albergar en sus instalaciones a aquellas personas que no se adaptaban a los otros servicios, sin atender a sus problemáticas y necesidades en particular, pues su remisión allí obedecía a la exclusiva finalidad de apartarlos a un lugar donde no molestaran y, por ende, el tratamiento que recibían respondía a dicho fin (incompatible con los preceptos legales que rigen los tratamientos de salud mental), de conjurar las molestias ocasionadas”.

La jueza se refirió a la complejidad de los hechos y a las dificultades que debieron sortear la fiscalía y la querella (la familia de Carbonell está representada por el Cels). Señaló las maniobras de encubrimiento de la dirección del hospital y de los responsables del área de Salud de la Ciudad. La jueza fue enfática en el rol de jefe de Capiello y en la responsabilidad de Pintow y Schweitzer sobre la prescripción de medicación inadecuada.

El CELS y la fiscalía también solicitaron los procesamientos de profesionales de la guardia médica y del Servicio de Clínica Médica del Borda. La jueza sostuvo que no había elementos de prueba suficientes para procesar ni sobreseer, por lo que seguirán siendo investigados.