[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El gobierno bonaerense denunció ante la Justicia penal de La Plata a dos guardicárceles del penal de Magdalena como sospechosos de haber cerrado con candado la puerta del pabellón incendiado el 16 de octubre pasado, cuando murieron asfixiados 33 presos. La responsabilidad del Servicio Penitenciario fue señalada esta semana por la Comisión Provincial de la Memoria en un informe entregado al presidente Néstor Kirchner. Pese a haber ordenado que se denunciara a los guardias, el gobernador Felipe Solá cuestionó la investigación de la comisión.
La denuncia penal, en la que se acusó a los guardias de haber cerrado una de las dos puertas del pabellón, con lo que quedaron encerrados los presos que fallecieron, fue el resultado de una investigación interna presentada ayer por el Ministerio de Justicia provincial. En el sumario, los penitenciarios, que fueron separados de sus cargos, se contradijeron al declarar sobre la posesión del candado que apareció colocado en la puerta del pabellón.
“Lo que surge de los sumarios y careos es que uno de los guardias dice que le dio el candado de la puerta al otro y el otro dice que nunca lo tuvo; en resumen, uno de los dos tiene que haber cerrado la puerta del pabellón”, señalaron fuentes oficiales.
La investigación interna del Ministerio de Justicia fue presentada ante la Fiscalía de María Laura De Grerorio y Sergio De Lucis, quienes tienen a su cargo la causa judicial. A partir de esta investigación, el ministerio dictó, el 26 de noviembre pasado, el pase a disponibilidad de los dos guardiacárceles. De esta manera, ya suman cinco las disponibilidades dispuestas al momento de intervenir el penal.
El proceder de estos dos guardiacárceles ya había sido denunciado en el informe de la Comisión de la Memoria, que advirtió que “hubo intencionalidad” en los hechos: “Hubo serias acciones y omisiones del Servicio Penitenciario Provincial en la muerte de los 33 internos. No se trató de una tragedia, sino de una masacre intencional”.
Ayer, el gobernador cuestionó el documento: “Quiero ser muy cauto, pero me parece que es un informe apresurado y está lleno de prejuicios en función de informes previos que se han hecho”, indicó. El cuestionamiento de Solá se sumó al realizado por el interventor del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, quien lo calificó de “berreta”. Díaz consideró que el informe “no ayuda a saber la verdad de lo ocurrido, porque no existió abandono de persona por parte del personal carcelario durante el motín e incendio del penal”.
La comisión justamente asegura que no existió tal motín y que “un grupo de agentes penitenciarios decide encerrarlos (a los presos) con un incendio ya iniciado y resuelve dejar las puertas cerradas”.