El juez federal Claudio Bonadío quedó al frente de la investigación de las denuncias por reducción a la servidumbre de inmigrantes bolivianos, después de que el magistrado que estaba al frente de la causa, Norberto Oyarbide, se excusó de seguir interviniendo. Bonadío, además, sumó todos los casos vinculados con el tema: desde la acusación por presunto cobro de coimas contra la comisaría 40ª de la Federal, hasta las veintitrés denuncias realizadas por el gobierno porteño contra dueños de talleres clausurados, y que hasta ahora eran tramitadas en juzgados de instrucción.

La causa que tramitaba Oyarbide se inició por una denuncia de la defensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini, y la Cooperativa La Alameda. El juez sobreseyó a los imputados, pero la Cámara Federal le ordenó retomar la investigación. La Alameda, patrocinada por abogados de la Liga por los Derechos del Hombre, denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura y pidió su recusación en la causa. Oyarbide respondió apartándose del mismo acusando una supuesta “violencia moral” en su contra.

Bonadío también interviene en la denuncia contra 108 talleres de costura realizada por la Unión de Trabajadores Costureros.