–Boludo, por qué te resististe. La próxima vez van a venir armados. Estos son bravos –acusó uno de los hombres.

–Mirame bien, escuchame, dejate de hacer quilombo –amenazó el otro, con el tono y los modales de un uniformado.

No era la primera vez que se metían en su casa, revolvían todo y se iban. No era la primera vez que lo amenazaban. Pero en ésta recibió, además, una paliza terrible. Fue hace dos meses y el protagonista es Enrique Stola, psiquiatra personal de Ezequiel y Gabriel, los adolescentes que acusaron al cura Julio César Grassi en la causa que se le sigue por “abuso deshonesto agravado y corrupción de menores agravada”. Stola, que será testigo en el juicio oral contra el cura –que se prevé para el 3 de julio–, recibió además varias cartas documento de Grassi para una mediación por “daños y perjuicios”.

El ataque se produjo el 13 de marzo y no duró más de 10 minutos, pero Stola todavía está con miedo. Puso una alarma en su casa y se despierta en medio de las noches recordando la escena y pensando en el cura. “No digo que lo haya planificado el cura, pero asocio la amenaza con el caso”, explica.

El 26 de marzo recibió una carta documento por daños y perjuicios en su contra de parte del apoderado legal del sacerdote, Gabriel Rodríguez. Desde entonces, las cartas fueron y vinieron por distintas irregularidades en la redacción, algo llamativo tratándose de abogados profesionales. Junto con la última, con matasellos del 26 de abril, Grassi envió otra carta paralela donde le dijo a Stola que “de ningún modo la misma tiene por finalidad ejercer amedrentamiento de un testigo”. “El motivo de la misma –continúa– no se vincula con el testimonio que Ud. pueda brindar en el marco del Juicio Oral.” Stola le respondió: “A la luz de los acontecimientos no es posible aceptar el motivo por el cual usted me convoca a una mediación, nada que tenga que ver con mi condición de testigo. ¿Acaso usted sabe lo que voy a declarar? Usted bien sabe que la mencionada causa es el único punto de contacto que hemos tenido en nuestra existencia”.

La denuncia judicial contra Grassi, titular de la Fundación Felices los Niños, fue presentada a fines de 2000 y se conoció públicamente dos años más tarde, cuando la difundió el programa Telenoche Investiga. Dos menores conocidos bajo las falsas identidades de Gabriel y Ezequiel declararon en su contra. Mientras Gabriel dijo haber sido abusado por Grassi, Ezequiel habría presenciado el abuso de un tercer chico.

Stola está vinculado al caso desde días después que fuera denunciado por el programa de tevé. Ofreció sus servicios a la periodista Miriam Lewin, conocida desde su militancia por su compromiso con los derechos humanos, y días después estaba atendiendo a Gabriel. Además, supervisó el tratamiento psiquiátrico de Ezequiel. Y pasó reportes por los dos pacientes a la jueza del Tribunal de Menores Nº 5 de San Isidro, Mirta Ravera Godoy, que entendía en la causa.

Los amedrentamientos contra Stola no son nuevos. Según relató, en marzo de 2003, frente a su casa, aparecieron pintadas que hacían referencia al cura Grassi. Algo que llamó la atención del psiquiatra porque en la zona no había ninguna pintada semejante. Tres meses después, llegó a su casa y la encontró toda desordenada. Un hombre había encerrado a su hija y a una empleada en la habitación. “El tipo me hace tirar al suelo, me ata, las ata a ellas y se va. Robó mi notebook y mil dólares; estuvo una hora y media hasta que llegué, se probaba ropa mía, me estaba esperando”, recordó Stola. Y agregó que “en esos días habían atacado a varios testigos y dos meses más tarde le destrozaron el departamentito que le alquilé a Gabriel a la vuelta de casa, lo amenazaron con cortarle el dedo y diciéndole “no te vas a quedar tranquilo hasta que retires la denuncia” y le señalaron mi casa diciendo ‘allá vive el otro’”.

Entre las idas y vueltas de la causa, habrá que recordar que a Ezequiel le hicieron firmar una retractación trucha. Por ese tema se encuentra próximo a un jury de enjuiciamiento el juez Ricardo Oyama. Desde entonces, Stola dejó de supervisar su evolución.

Además, terminó con el tratamiento de Gabriel a fines de 2005, cuando “le hacen renunciar a ser particular damnificado”, dijo Stola, con lo cual ahora es apenas un testigo. Stola denunció que “hubo una maniobra” entre el fiscal Juan Pablo Galarza y el secretario del Juzgado Oral Nº 4 de Morón, Alejandro Fernández. “El (Gabriel) firma, desconociendo lo que firmaba, le indican qué es lo que había que hacer para continuar el proceso. Y después se entera de la verdad. El fiscal ahora fue apartado”, explicó Juan Pablo Gallego, quien en su momento fue abogado de los dos jóvenes y ahora lo es por el Comité Argentino de Seguimiento de Aplicación de los Derechos del Niño, cuya presidenta es Estela Carlotto. “En función de la gravedad de los hechos –dijo Gallego– el Comité ha solicitado ser particular damnificado.”

En cambio, según Laura Fechino, defensora de Grassi, “Ezequiel nunca fue particular damnificado y Gabriel dejó de serlo porque quiso. Tiene 23 años y dijo quiero renunciar y no quiero más el patrocinio de Gallego. A los 23 años todos sabemos lo que hacemos, más si lo escribimos de puño y letra. Después, volvió a pedir ser particular damnificado y el Tribunal le dijo que no y la Cámara le dijo que no”.

El 22 de febrero pasado se realizó la audiencia preliminar al juicio oral. Pero el Comité no pudo participar y días más tarde acusó al jurado del Tribunal Nº 4 –formado por Rodolfo Castañares, Pedro Rodríguez y Carlos Torti– de entorpecer el normal desarrollo del proceso que se le sigue al sacerdote Grassi por haber cambiando la fecha de la audiencia preliminar sin haber notificado al Comité. En esa audiencia, dice Stola, la defensa de Grassi pidió que sus escritos sobre la evolución psicológica de los chicos no fueran parte de la causa y que no se le levante el secreto profesional para hablar en el juicio, a no ser que su paciente Gabriel lo autorice. El Tribunal aceptó las dos medidas.

Así las cosas, el juicio se iniciaría el 3 de julio. “Mientras se está discutiendo el hecho de que los adolescentes sean particulares damnificados y mientras se discute que el Comité lo sea, se estaría ante la posibilidad de que se desarrolle el debate sin éstos, entonces los derechos de los niños y adolescentes estarían sólo en manos de lo que se decida en el Poder Judicial. Es una situación muy irregular”, dijo Gallego. Por su parte, Fechino es optimista: “Estamos absolutamente convencidos de cuál es la verdad y por eso estamos a la espera del juicio”, dijo.

Mientras se recupera del stress postraumático producido por el ataque, Stola espera la nueva carta documento de Grassi. “Yo no sé si Grassi es culpable o no, pero me parece terrible que quede como metodología para niñas y niños abusados sexualmente, que le quiten el derecho a ser particulares damnificados en los juicios”, dijo. “Esto tiene que ver con esta respuesta a los avances sobre el abuso sexual... ¿Por qué cuesta tanto sacar leyes para proteger a la niñez, a las mujeres? ¿Por qué cuesta tomar medidas contra golpeadores? –planteó Stola–. Porque si miramos el poder económico, el religioso, el institucional hay hombres que realizan una militancia activa abusando de chicos, golpeando a sus mujeres y ocupan puestos de poder. Y cuando uno quiere hacer algo para cambiar, los encuentra a ellos o a sus aliados que se apoyan porque son hombres, porque si hay mayor visibilización de estas cuestiones saben que en algún momento les puede tocar.”