Allá por el siglo XVI el anatomista italiano Gabrielle Falopio recomendaba el uso de unas bolsitas de lino empapadas en antiséptico para protegerse de la sífilis. Pero mientras caminaba por las calles de Padua no imaginó que estaba anticipando lo que sería el condón o preservativo como anticonceptivo, y mucho menos que la ligadura de los conductos uterinos o trompas que descubrió en 1561 –y que desde entonces llevan su nombre– podría transformarse en un masivo método alternativo de anticoncepción para las mujeres, junto con la vasectomía para los hombres. Esto ya ocurre en los países desarrollados, algunas naciones vecinas y varias provincias argentinas. Pero si prospera el proyecto de ley que será tratado el miércoles en la Cámara de Diputados, varones y mujeres podrán solicitar que les practiquen estas intervenciones en los hospitales públicos de todo el país y que sean cubiertas por las obras sociales. La kirchnerista Juliana Marino y la arista Marcela Rodríguez coinciden en que la iniciativa apunta a “garantizar este derecho para todas las personas” que quieran acceder a estas prácticas. Marino afirma que tienen “luz verde” para avanzar con el proyecto, pero teme que la polémica le juegue en contra.

De hecho, mientras algunas organizaciones de mujeres aplaudieron la propuesta legislativa, la activista castrense Cecilia Pando se hizo presente durante el debate del martes pasado en la Comisión de Salud. Y encarnó una vez más la representación de la derecha conservadora, en este caso para oponerse a la nueva ley. Esta mujer, que se hizo conocida por su defensa pública del obispo Antonio Baseotto y se desempeña como asesora de la diputada Nélida Manzur, del partido del torturador Luis Patti, estuvo acompañada por alumnos de un colegio privado católico. Si bien estas presencias no interfirieron con la reunión, salvo algunos aplausos ocasionales de Pando cuando habló su jefa, algunos diputados tuvieron que buscar sinónimos al momento de hablar sobre este proyecto referido a la salud sexual y reproductiva. “Por momentos no se entendía de qué hablaban”, comentó a Página/12 una asesora que presenció el encuentro.

El dictamen que se firmó en la Comisión de Salud, que conduce el kirchnerista santafesino Sylvestre Begnis, fue producto del consenso de seis proyectos de diputadas de diferentes bloques: Juliana Marino, Irene Bosch de Sartori y Graciela Gutiérrez (Frente para la Victoria-PJ), Marcela Rodríguez (ARI), María del Carmen Rico (Peronismo Federal) y la socialista (mandato cumplido) María Elena Barbagelata. Aunque todavía tiene que pasar por la Comisión de Familia, Niñez, Mujer y Adolescencia, el oficialismo en Diputados ya pidió la preferencia para que sea tratado en la próxima sesión.

El proyecto de ley habilita a las personas mayores de edad a solicitar la vasectomía o la ligadura de las trompas de Falopio como una operación sin cargo en el sistema público de salud. La única condición es que den su “consentimiento informado” respecto de la intervención a la que quieren someterse, sin la necesidad de una orden judicial ni la aprobación de su pareja como tampoco enunciar razón médica alguna. La ligadura de trompas produce esterilidad permanente en la mujer porque impide el paso del óvulo al útero, mientras que la vasectomía es una cirugía simple que anula la producción de esperma en el hombre. Los efectos de estas prácticas son permanentes aunque no irreversibles (ver aparte).

“Según la ley que regula el ejercicio legal de la medicina está prohibido practicar intervenciones que provoquen esterilización, salvo en casos médicos. Los profesionales no se sienten del todo respaldados para realizar estas operaciones, por eso en lugar de ‘esterilización’ nos referimos a operaciones ‘que provoquen la imposibilidad de engendrar o concebir sin que medie el consentimiento informado de la paciente capaz omayor de edad, y autorización judicial en caso de menores o incapaces’”, describió Marino ante Página/12. Para la diputada, “esto tiene que ser un derecho al que las personas accedan no sólo como ahora en el ámbito privado, pero no se trata de una política de población”.

¿Para parar de parir?

Las autoras del proyecto coincidieron en que la nueva norma apunta a evitar una situación de discriminación en tanto en la actualidad sólo se utilizan estos métodos en el mundo privado, y en algunas provincias como Santa Fe, Tierra del Fuego, Chubut, Chaco, Neuquén, La Pampa y Río Negro (donde el médico Mario Mas fue pionero en llevarlos al hospital público). Pero rechazan que esté destinada a un determinado sector social. “Es un método contraceptivo más que queremos que se ponga al alcance de todos, no se trata de una política referida a los sectores de miseria que tienen más hijos que los convenientes, y no es sólo para las familias pobres. Ningún país debe fundar su política respecto de la cantidad de chicos que tienen las familias. Además, nuestra idiosincrasia es de tener muchos hijos. La mayoría de los diputados no queremos que la gente deje de tener chicos”, aclaró Marino.

Rodríguez coincidió al afirmar que “el objetivo general de la ley es para toda persona, independientemente de su condición social”, aunque admitió que si el proyecto se convierte en ley “el impacto mayor se verá en los sectores de escasos recursos que por ahora no podían acceder”. Según esta diputada del ARI, ambas prácticas son “complementarias” del Programa Nacional de Salud Reproductiva. “Para que una mujer no llegue a tener doce hijos si no lo desea tiene que expandirse la educación sexual y el acceso a todos los métodos anticonceptivos”, agregó.

Para Marino, frente a la resistencia irracional de algunos sectores “oscurantistas” ante estas propuestas aparece como motivación la necesidad de limitar los embarazos de mujeres pobres y con muchos hijos. “Eso es meterse con la sexualidad de los sectores populares. Es cierto que allí las malas condiciones provocan muertes vinculadas con el parto y el puerperio. Pero no tiene que ver con la cantidad de hijos”, enfatizó. Según la diputada, es necesario enunciar que esta iniciativa no es la antesala del aborto, y que ligar las trompas no es eliminar una vida. “Cuando aparecen argumentos así es que del otro lado, en el afán de convencer, deslizan esto de las familias pobres”, completó.

La ginecóloga Zulema Palma, de Mujeres al Oeste, no dudó en afirmar que “una ley así será bienvenida porque las mujeres de los barrios esperan tener este recurso”. Página/12 le preguntó si la ligadura de trompas es conocida por estas mujeres, y la médica aseguró que sí. “Saben que tienen la posibilidad de ligarse las trompas pero no se la dan porque las mujeres están en manos del poder médico, sobre todo las más pobres. Y esto no es meterse en la sexualidad de los pobres, es hacer algo por ellos. Se lo aseguro porque caminamos los barrios”, dijo Palma. “Cuando la mujer no tiene derecho, cuando no se actúa y se deja morir a mujeres con embarazos no deseados por acción o por omisión se mete el Estado y hace perder vidas”, agregó.

“Es indispensable que los legisladores se saquen las telas de arañas de una vez y resuelvan que toda persona tiene derecho a decidir seguir teniendo relaciones sin riesgo de embarazarse, porque la sexualidad no es sólo para reproducir, y es hermoso reproducir pero cuando uno lo decide”, declaró la médica de esta ONG que recibe casos de violencia sexual y recientemente monitoreó la aplicación del Programa de Salud Reproductiva en las salas sanitarias de Morón. Aunque también apuntó que es necesario capacitar a los médicos “para que puedan ver desde otro lugar a la mujer pobre”. Palma aseguró que “el clamor de las mujeres de barrios populares es que no las manden al sistema judicial”. Y destacó que, si bien laligadura de trompas “está permitida por la ley actual”, espera que se vote esta nueva norma “para que cualquier ser humano pueda decidir si sigue teniendo hijos” con estos métodos.