El procedimiento para instalar una antena de telefonía celular, según informan en el gobierno de la ciudad, supone varias etapas. En principio, la empresa debe presentarse ante la Secretaría de Planeamiento Urbano para confirmar si el sitio elegido para emplazarla es apto según el Código de Planeamiento de la ciudad. El segundo paso es la presentación, a modo de declaración jurada, de un estudio de impacto ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente. Esa dependencia, junto con la Dirección de Control de la Calidad Ambiental, definirá si el estudio es correcto. Por último, la empresa debe hacer autorizar la obra ante la Dirección General de Obras y Catastro.

Más allá de los reglamentos, la preocupación de los habitantes de Buenos Aires por la presencia de las antenas ha ido creciendo en paralelo con la explosión de la telefonía celular. En la Defensoría del Pueblo de la ciudad vienen recibiendo numerosas consultas. “Formalmente existe una reglamentación que debe cumplirse, pero en la práctica la experiencia nos muestra que el gobierno no tiene poder de policía suficiente para hacer efectivos esos reglamentos –sostiene el ingeniero Jorge Ferrari, colaborador del área de Derecho de los Consumidores de la Defensoría–. Los instaladores de telefonía celular están aumentando rápidamente el parque de antenas por la demanda. Supuestamente deben lograr primero la autorización, lo que lleva un tiempo importante. En cambio, una vez que llegan al acuerdo con los propietarios del edificio comienzan a instalarla y lentamente van presentando los papeles. En la práctica tenemos un montón de antenas que funcionan hace seis años y no tienen las autorizaciones. Sumado a eso existen antenas instaladas en lugares donde el código no lo permite y están funcionando.”

La Defensoría emitió una resolución donde sugiere generar una zona de resguardo para las zonas sensibles, como instituciones educativas y de salud. Hasta ahora esa norma no se aplica en la ciudad, si bien hay un proyecto en la Legislatura porteña que lo promueve. “En los países europeos, que son la avanzada en estos temas, hay una serie de acuerdos por los cuales se respetan las zonas de seguridad, es decir que no pueden instalarse las antenas a menos de cien metros de áreas sensibles, como escuelas y hospitales. Lo cierto es que como no hay una aceptación clara de que produzcan un perjuicio a la salud, lo que se recomienda es que se aplique el principio de precaución. Eso es lo que pretendemos que se haga en la ciudad de Buenos Aires.”