A fines de diciembre del año pasado, el Tribunal Oral 5 había condenado a dos jefes de la cárcel de Caseros a cuatro años y medio y cinco años por dejar salir presos a robar a cambio de dinero, en una causa surgida luego del asalto al restaurante Dolli en julio del ’98. Otros nueve penitenciarios quedaron en aquel momento absueltos de culpa y cargo y limpios en su buen nombre y honor. Ayer, los dos jefes condenados fueron sumados a la lista de absoluciones, esta vez por decisión de los jueces Alfredo Bisordi, Liliana Catucci y Raúl Madueño, de la Sala I de Casación. Los camaristas anularon la condena por considerar que faltaban pruebas.

El 18 de julio del ’98, el federal Rubén Juárez fue asesinado de un balazo en el restaurante Dolli de Palermo, cuando una banda de asaltantes ingresó en el lugar. La investigación se concentró en un FAL del Servicio Penitenciario Federal que había sido dado por desaparecido y que fue abandonado en Dolli por los delincuentes. La línea de investigación llevó hasta el guardia penitenciario Rubén “el Sapo” Franco, que fue reconocido por los testigos como quien dio muerte al cabo. Otra línea surgida del auto robado utilizado por la banda detectó a los cómplices, cuyas imágenes aparecieron en un video de seguridad cuando abandonaban el vehículo en un lavadero de autos. Se trataba de Alejandro Heber Núñez y Maximiliano Noguera.

Lo más sorprendente es que ambos eran presos del mismo penal en el que trabajaba Franco, la cárcel de Caseros. El juicio por el asalto y el asesinato del cabo Juárez terminó con la condena a 20 años de Franco y a 8 años a Núñez, que esa noche debía estar durmiendo en el pabellón 18B de Caseros. A Noguera no le aplicaron sentencia alguna porque no llegó al juicio. Apareció muerto en su celda poco antes de que se dignara a hablar.

Núñez denunció amenazas de muerte y torturas y fue enviado a una celda de Gendarmería. De sus declaraciones el tribunal dio por probado que en el SPF existía una suerte de mafia penitenciaria que abría la puerta a los presos para salir a robar a cambio de pagos de parte de lo robado y ordenaron una nueva investigación que derivó en el mentado juicio a los once penitenciarios. El 29 de diciembre pasado, el Tribunal Oral 5 condenó a los jefes de Seguridad y de Requisa, de Caseros, Omar Romero y Pedro Encina respectivamente a 5 y a 4,5 años por considerar que permitían salir a presos a robar a cambio de pagos. Y absolvieron a los otros nueve penitenciarios.

Ayer, los camaristas de Casación Alfredo Bisordi, Liliana Catucci y Raúl Madueño completaron el cuadro de honor sin culpa ni cargo revocando la condena a ambos ex jefes por “el beneficio de la duda”, aplicando el concepto constitucional de que sin pruebas nadie es culpable (vara que no es aplicada en forma universal). Para alcanzar ese fallo, los camaristas tuvieron que desechar las declaraciones de Núñez, las denuncias de torturas, las de un ex preso, Alejandro Penczansky, que aseguró que en Caseros se pagaba para salir a robar, la muerte de Maximiliano Noguera y el resto de pruebas recolectadas durante el juicio. Después de todo, eran presos. Y el Sapo Franco, más que guardia, era un delincuente.