La Cámara de Diputados intentará aprobar hoy el proyecto de ley que fija reglas al funcionamiento de las prepagas. La Comisión de Legislación General completó ayer el trámite previo, al emitir un dictamen favorable, y dejó habilitada la iniciativa para su tratamiento en el recinto. La propuesta es impulsada por el oficialismo, con el apoyo de las principales bancadas de la oposición. El Gobierno dejó que cobrara impulso a partir de su pelea con las empresas de medicina, que pretenden aumentar sus tarifas hasta un 23 por ciento. “La regulación es la única forma de terminar para siempre con estos conflictos”, aseguraron desde el Congreso.

Legisladores del Frente para la Victoria que impulsan la iniciativa aclararon a Página/12 que la media sanción podría llegar a demorarse una semana, debido a que el temario para hoy es demasiado amplio y tal vez no alcance el tiempo para votarlo. Sin embargo, aseguraron que existe consenso para aprobar el proyecto y que, incluso, el Senado lo convertiría en ley antes de fin de año. “Hay voluntad política para avanzar”, insistieron.

Si eso ocurre, la disputa por el próximo aumento de tarifas de las prepagas quedaría saldada a favor del Gobierno. El proyecto dispone la creación de una comisión de control permanente sobre las empresas, con facultad para rechazar las subas. Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, tendrá injerencia en ese cuerpo, ya que estará integrado por funcionarios de Defensa del Consumidor, que depende de su cartera, y de la Superintendencia de Salud. Cada vez que una prepaga pretenda elevar las cuotas, deberá pedir autorización a esa comisión, que tomará en cuenta la evolución de sus costos para autorizar o denegar el ajuste.

Otra de sus funciones centrales será verificar que las prepagas cumplan con la calidad de cobertura que figura en los planes de prestación. En la actualidad, si una empresa aduce que no tiene disponibilidad para atender a un paciente en su mejor clínica, puede derivarlo a otra. A partir de la ley, en cambio, los planes se categorizarán y si la compañía promete atención en una clínica, deberá responder al compromiso.

La comisión también llevará un registro de prepagas, en el que deberán inscribirse en forma obligatoria. El Estado carece en este momento de un listado con esas características, es decir que desconoce quiénes son muchos de los prestadores de salud. El registro contará con otras informaciones básicas, como quiénes son los accionistas de la empresa y cómo evolucionan sus estados contables. El proyecto, elaborado por las oficialistas Patricia Vaca Narvaja y Graciela Rosso, exige que las prepagas integren una garantía equivalente al 50 por ciento del promedio de su facturación en un año para asegurar la continuidad de la cobertura frente a situaciones imprevistas.

La regulación protege derechos de los consumidores que ahora no son tenidos en cuenta. Por ejemplo, la muerte del titular no implica la caducidad de la cobertura para el grupo familiar. También impide rechazar clientes por razones de edad o por arrastrar alguna enfermedad, aunque en ambos casos autoriza tarifas diferenciadas. La situación es distinta para alguien que cumpla 65 años y tenga diez de antigüedad en una empresa. En ese caso, se prohíben aumentos de tarifas superiores a los del resto.

Otro punto relevante es que las prepagas son consideradas como integrantes de un sistema de salud. Esto determina que en caso de quiebra de alguna de ellas, sus afiliados serán redistribuidos entre las demás.