La suspensión del inicio de trámites para construir edificios en seis barrios de Buenos Aires generó múltiples reacciones. Por un lado, el rechazo unánime de todos los sectores vinculados con la construcción, desde los arquitectos y los empresarios, hasta los obreros del sector. Por el otro, la satisfacción del grupo de vecinos que venía impulsando protestas contra la edificación de torres en sus barrios. Los primeros llevarán su reclamo conjunto, el jueves al mediodía, al jefe de Gobierno, Jorge Telerman, quien les explicará los fundamentos y alcances de la medida. El grupo de vecinos movilizados va por más: ratificaron la convocatoria a un “ruidazo” para pedir la revisión de cada uno de los permisos otorgados para las obras que están en construcción.

“Inseguridad jurídica” fue el concepto que más se escuchó ayer, principalmente entre los empresarios e inversores que compraron lotes con la idea de levantar edificios de altura. Otros cuestionaron el cambio de las reglas del juego sin un debate previo, como hubiera ocurrido con la modificación del Código de Planeamiento Urbano, que requiere un trámite legislativo y una audiencia pública. En el gobierno porteño defienden lo sorpresivo de la medida: “Si no se hubiera hecho así, habría perdido el efecto buscado, que era parar la pelota”, afirmaron.

Los mayores cuestionamientos apuntaron contra el decreto de necesidad y urgencia por el cual Telerman suspendió por 90 días los nuevos trámites de permisos para construir edificios colectivos y multifamiliares, mayores de 13,50 metros en las zonas de mayor densidad de los barrios de Caballito, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón, Palermo y Núñez.

“La medida va a generar un enorme perjuicio para la industria de la construcción”, dijo a Página/12 Daniel Silberfaden, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos. “Y lo peor es que puede convertirse en una bola de nieve, porque los vecinos ya dijeron que van por más y en otros barrios van a empezar a hacer presión para pedir lo mismo”, agregó.

Para el titular de la entidad, sin embargo, lo más grave es que la medida “pone en crisis el sistema, ya que los vecinos no recurrieron a sus representantes para obtener un cambio”. “No hubo debate y se escucharon sólo algunas voces”, se quejó. Y sostuvo que el argumento del colapso de los servicios es “infundado”, ya que “nadie sabe cuál es el estado real de la infraestuctura”.

¿Y si no se sabe, no sería mejor parar de construir hasta tener esa información? En ese caso, agregó Silberfaden, “sería como suspender la fabricación de automóviles porque el tránsito en la ciudad es un caos, en lugar de organizar el tránsito. Acá lo que hay que hacer es invertir en infraestructura en vez de frenar la construcción”.

Enrique Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, ensayó una crítica similar: “Además de perjudicar las inversiones futuras, esta suspensión va a empujar para arriba el precio de las propiedades ya construidas”, vaticinó. Aunque reconocen que en la ciudad podría llegar a haber problemas con la red cloacal, los empresarios sostienen que la infraestructura de servicios “no está llegando al límite”.

“Cambiar las reglas de juego retroactivamente es, por principio, un acto confiscatorio”, afirmaron los arquitectos Daniel Mintzer y Damián Tabakman. “La gente compra lotes para edificar y los paga en base a lo que allí se puede construir, según el Código de Planeamiento Urbano vigente. Si repentinamente se modifican las normas y se reducen los metros edificables, de algún modo se le está poniendo la mano en el bolsillo al inversor”, agregaron.

Arquitectos y constructores expresarán sus críticas ante el jefe de Gobierno el jueves al mediodía. No estarán solos: los acompañarán autoridades del Centro Argentino de Ingenieros, la Asociación Argentina de la Vivienda, los colegios de Ingenieros y de Arquitectos y la Unión Obrera de la Construcción. El gremio de los albañiles realizó ayer una movilización en Acoyte y Rivadavia, corazón de Caballito.

Ese fue justamente el barrio donde un grupo de vecinos inició las protestas y logró un recurso de amparo favorable que frenó las nuevas construcciones en 16 manzanas. Allí, Mario Oybin, de la agrupación SOS Caballito, defendió la medida de Telerman pero aclaró que es “insuficiente”. “Queremos que se haga una revisión de los permisos dados, porque hay barrios como éste que están en colapso”, dijo a Página/12.

–Si se construyera nueva infraestructura en su barrio, ¿ustedes aceptarían las torres?

–También hay que respetar la fisonomía del barrio.

–Esa fisonomía está dada por el Código de Planeamiento Urbano, que en su barrio permite la construcción de torres, ¿habría que modificarlo?

–Es cierto que es legal. Pero tenemos que sentarnos entre todos a discutir qué ciudad queremos. No puede ser que el interés especulativo sea el que marque el crecimiento de la ciudad.

Mientras el debate continúa, en ámbitos empresarios ya circulan rumores de juicios contra el Estado por parte de los inversores que puedan sentirse perjudicados.