“No acepto que haya medio que mantenga mi vida. Es inhumano vivir así.” Con esta seguridad, Inmaculada Echeverría solicitó en noviembre pasado que la desconectaran del respirador artificial que la mantiene con vida desde hace un año. Se trata de una ciudadana española que sufre una distrofia muscular progresiva que la tiene postrada desde hace tres décadas. Ahora, el Comité Autonómico de Etica de la Junta de Andalucía dio su aval al pedido al considerar que “se encuadra” en una limitación del esfuerzo terapéutico. Aunque todavía falta conocer el informe del Consejo Consultivo para habilitar el retiro, el abogado de la paciente y la Asociación Derecho a Morir Dignamente celebraron el dictamen al considerar que se “sienta un precedente para pacientes en similar situación”.

Inmaculada reclama que la desconecten del respirador artificial al que la ataron “en contra de su voluntad”, cuando su caja torácica se vio afectada por la enfermedad diagnosticada a los 20 años.

Hoy, a los 51, la enfermedad le permite sólo mover los dedos de las manos y los pies y, levemente, los músculos de la cara. Además de la distrofia sufre osteoporosis, deformación de las extremidades y roturas de huesos por los cambios de posición. “No es justo vivir así. Mi vida es soledad, vacío y opresión”, relató la paciente, nacida en Navarra, ante las cámaras para sensibilizar a la sociedad española, donde está prohibida la eutanasia.

Desde el Comité de Etica, integrado 25 profesionales del derecho, la bioética y la psicología, aclararon que este dictamen no autoriza la eutanasia sino que el caso es “un rechazo del tratamiento”, lo que se encuentra en una limitación del esfuerzo terapéutico, un derecho reconocido en la ley española de Autonomía del Paciente y que se refiere a “iniciar o retirar el tratamiento de soporte vital en un paciente considerado del mal pronóstico”.

Uno de los vocales del órgano, Pablo Simón, explicó que la decisión “forma parte de la práctica habitual de muchos hospitales”, como los enfermos de cáncer que rechazan continuar con la quimioterapia. Además sostuvo que esta acción “no viola ningún precepto de deontología” y que es coherente con “la teología moral actual católica, que condena el encarnizamiento terapéutico”.

Tanto para el abogado de la paciente, Ignacio Fernández, como para la Asociación Derecho a Morir Dignamente, la decisión del Comité de Etica sienta un precedente “importante” para los pacientes que se encuentran igual que Inmaculada. “Esto es un paso sustancial, muy importante y que crea un precedente grande”, sostuvo el letrado, que luego señaló que Inmaculada recibió “bien” el aval. Días atrás, había firmado su testamento vital, un documento en el que expresó su voluntad de morir si se producía un empeoramiento de su enfermedad y ella no tuviera conciencia sobre sus actos.