Ricardo Fermín Albareda era ingeniero electrónico, subcomisario de la policía de Córdoba a punto de ser ascendido a jefe de Comunicaciones y miembro del aparato de Inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) desde 1972. Luego de haber “salvado a mucha gente” según ex compañeros de militancia, el 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por la patota de la D2 de Informaciones, trasladado al centro clandestino de detención “Casa de Hidráulica” frente al lago San Roque, torturado con saña por sus compañeros de fuerza y desaparecido. Por este hecho la jueza federal Cristina Garzón de Lascano ordenó el procesamiento y la prisión preventiva del ex comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y de los policías Aníbal Campos, César Armando Cejas, Hugo Cayetano Britos, Hugo Roberto Carabante y Calixto Luis Flores.

De familia de policías –su padre y sus dos hermanos también lo fueron– Albareda comenzó a estudiar Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba a principios de los setenta. Como miles de jóvenes de su generación, Ricardo se sintió atraído por las discusiones y los debates políticos en las aulas universitarias. Así fue que se acercó al Partido Revolucionario de las Trabajadores (PRT), la organización que dos años antes había decidido formar su brazo armado, el ERP. Era 1972 y el gobierno de Lanusse tenía fecha de vencimiento con la vuelta de Perón y el llamado a elecciones libres para marzo de 1973. Después de un año de gobierno popular, con Obregón Cano y Atilio López a la cabeza, la Triple A comenzó a mostrar los dientes en Córdoba. Primero con el Navarrazo en febrero de 1974 y luego con la intervención del brigadier Lacabanne. Al tiempo que la guerrilla aumentaba su poderío militar, en Córdoba surgía el Comando Libertadores de América, una organización paramilitar/policial que sembró el terror que cosecharía un año después la dictadura.

Albareda ascendió en la estructura policial, cursó sus últimas materias y colaboró con la inteligencia del ERP. En pleno gobierno militar y en función de una foja de servicios impecable, Albareda llegó al grado de subcomisario en la Central de Comunicación de la Casa de Gobierno. “El lugar que ocupaba era clave para el desarrollo de nuestra lucha, porque en la central de comunicaciones él se enteraba de los procedimientos que hacían los grupos de la D2 y nos avisaba. Así logró que mucha gente se salvara de las garras de Raúl Telleldín y toda su banda de asesinos”, dijo a Página/12 Carlos Orzacoa, abogado y ex dirigente de la Regional Córdoba del PRT. “Nuestra estructura de inteligencia no estaba integrada por células, sino que respondían a un solo contacto. Ese tabicamiento del trabajo permitió que Albareda estuviera tanto tiempo dentro de la policía sin que nadie sospechara de él”, agregó Orzacoa. Elena del Carmen Germán Sueldo, ex integrante de la misma organización político-militar, secuestrada y torturada en la D2 junto a su marido Julio Oropel, también del PRT/ERP, reconoció en su testimonio ante la Justicia federal que luego de fugarse del país en 1975 “pudo tener esporádicas noticias sobre Albareda, a través de terceros, conocidos de ambos, logrando saber así que se hallaba bien y que continuaba su militancia en el partido, cortándose ya toda información hacia el año 1978”.

A punto de ser ascendido a comisario, Albareda fue descubierto. Aunque nadie sabe quién lo entregó ni cómo, el testimonio de Carlos Moore, un ex guerrillero convertido en colaborador policial luego de su secuestro y cautiverio en la D2, es un aporte: “Desde 1975, Inteligencia se abocó a la búsqueda e identificación de un oficial de policía sindicado de militar en Informaciones del ERP. Luego de numerosos e interminables chequeos de fotografías de empleados de policías hechas visar por los secuestrados, finalmente a mediados de 1979 identificaron al oficial cuya suerte quedó librada a Américo Romano, quien ordenó su secuestro”.

A las diez de la noche del 25 de septiembre de 1979 un grupo de policías de la D2 lo detuvo en la calle, mientras manejaba su auto. Luego de forcejear con sus captores, el policía fue metido a un auto y trasladado a la Casa de Hidráulica en Carlos Paz. Minutos después llegaron el comisario Telleldín (el padre de Carlos, involucrado en el caso AMIA) y Romano, jefe de los operativos callejeros, acompañados por el agente Hugo Britos. Comenzaron la sesión de tortura junto a los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Después de varias horas, Telleldín llamó a uno de los tres policías que custodiaban la guardia del lugar, Roque Calderón, para que “vea lo que le pasa a los traidores”. Atado de pies y manos a una silla, mientras unos insultaban y degradaban a Albareda sacándole sus insignias, Telleldín proclamaba enfurecido que el escarmiento era para los “infieles a la fuerza policial”. Según el relato de Calderón que consta en la resolución judicial, el capo de la D2 “sacó un estilete del tipo bisturí, se colocó un par de guantes de cirujano y procedió a la castración de Albareda, quien indefenso daba horribles gritos de desesperación y dolor”. Como no aguantaba, Calderón le pidió permiso a su jefe para retirarse de la sala. Luego, los hermanos Carabante le contarían que Telleldín metió los testículos en la boca de Albareda, se la cosió y lo dejó sentado ahí, desangrándose, mientras ellos comían un asado en el patio de la casona. El cuerpo de Albareda, que nunca apareció, habría sido trasladado por Telleldín, Romano y Britos en un auto, obligando a los guardias a “limpiar todo con lavandina”.

La jueza federal Cristina Garzón de Lascano ordenó el procesamiento y prisión preventiva de un militar y cinco policías por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada y homicidio agravado. El militar es Luciano Benjamín Menéndez, jefe en ese momento del Tercer Cuerpo de Ejército, que comandaba todas las operaciones “antisubversivas”. Los policías son Aníbal Campos, jefe de la policía de Córdoba en 1979, César Armando Cejas, jefe de la D2, y los agentes Hugo Cayetano Britos, Calixto Luis Flores y Hugo Roberto Carabante, del mismo grupo policial que de 1974 hasta 1983 cometieran todo tipo de violaciones a los derechos humanos en el marco de una repartición estatal.