Hace pocos días fueron hospitalizados 22 cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Federal, luego de ser obligados a realizar ejercicios físicos extremos por parte de dos instructores. Se trata de un hecho gravísimo que debe ser tomado con la mayor seriedad. El abuso sufrido por los cadetes confirma que nuestro país tiene pendiente el desafío de asegurar el respeto de los derechos de los funcionarios policiales, a quienes difícilmente se les puede exigir un férreo compromiso con la protección de los derechos de los ciudadanos cuando los suyos son frecuentemente negados por la institución a la que pertenecen.

Si bien la situación de los policías ha sido a menudo analizada desde el punto de vista de su remuneración salarial, el problema que se enfrenta es más complejo y abarcativo, dado que todavía existe una estructura institucional que suele vulnerar los derechos básicos de sus integrantes, principalmente los del personal subalterno. El CELS patrocina a diferentes policías federales en casos en los que se denuncia la existencia de mecanismos internos coercitivos que inhiben las investigaciones sobre violaciones de derechos. Entre los atropellos que sufren se cuentan la aplicación arbitraria o desproporcionada de sanciones, las persecuciones y expulsiones por la presentación de denuncias de abuso o corrupción, las dificultades para ejercer su defensa en los sumarios en los que se los investiga, la inexistencia de básicos derechos profesionales, todo esto en el marco de un esquema normativo deficiente a la hora de procesar a nivel interno tanto las demandas de los funcionarios policiales como de personas externas a la institución.

Aunque los inicios de la actual gestión estuvieron marcados por un fuerte discurso respecto de la necesidad de reformar integralmente las instituciones federales de seguridad, tres años después las acciones de recambio de la cúpula y la decisión de no reprimir las manifestaciones públicas no fueron acompañadas por medidas de similar impacto en otras áreas críticas, excepto en el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde se comenzó una política de modernización y democratización. Tras el escándalo, las autoridades anunciaron que de ahora en más los ejercicios físicos en el instituto policial serán conducidos por médicos deportólogos o profesores de educación física, y sancionaron a los responsables directos y a su jefe. La reacción es positiva, pero reitera la lógica del Ministerio del Interior de dar respuestas aisladas y tardías ante hechos consumados sólo cuando éstos se transforman en escándalos. En la medida en que no se avance en un proceso estratégico de reforma que democratice el trato de la Policía Federal con los ciudadanos y con sus propios funcionarios, se mantendrán las condiciones para el abuso no sólo hacia el interior de la institución, sino también hacia la población en general. La persistencia, crueldad y recurrencia de las prácticas policiales violatorias de derechos humanos requiere emprender este camino sin más demora.

* Director del Programa Violencia y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).