El Comité Provincial contra la Tortura pidió la clausura de la Unidad Penal 35, de Magdalena, debido a que no funciona la red de prevención de incendios. En la presentación, realizada ante el juez de Garantías Guillermo Atencio, el organismo denunció que esa deficiencia se corroboró tras una inspección que realizaron el jueves último. El Ministerio de Justicia bonaerense admitió que la red hídrica no funciona, aunque indicó que implementaron “múltiples elementos y procedimientos” ante la eventualidad de un incendio. Ante el pedido, el gobernador Felipe Solá respondió: “Hay que pedir lo posible, el resto es tratar de quedar bien con los demás”.

Roberto Cipriano García, coordinador del Comité contra la Tortura, explicó que “el sistema de prevención de incendios no funciona por deficiencias estructurales, por lo que pedimos la clausura total de la cárcel”. Y pidió además que la medida se disponga “hasta tanto se construya una red que funcione de manera adecuada y se garantice la provisión permanente de agua potable a las personas detenidas”.

El Comité, dependiente de la Comisión por la Memoria, había presentado la semana pasada un hábeas corpus en el que denunciaba el agravamiento de las condiciones de detención de los presos alojados en esa cárcel. En esa oportunidad, el Servicio Penitenciario negó que la cárcel estuviera superpoblada y precisó que la capacidad del penal es de 936 internos y hoy tiene alojados unos 837 presos. Además, en un informe consigna que todos los pabellones de la Unidad 35 “tienen las mangueras colocadas, aunque suele haber deficiencias en la presión de agua en ciertos horarios del día”. “Ante esta situación se procedió a colocar matafuegos en todos los sectores del penal.”

La Unidad 35 integra un complejo carcelario del que forma parte la Unidad 28, en la que en el 2005 murieron 33 presos asfixiados tras un incendio.