“Me están castigando por no acceder a la adopción”, aseguró Mónica, la mamá de la chica de Mar del Plata violada por su padrastro, que en febrero pidió autorización para hacerse un aborto, nunca concedida. La chica, de 14 años, terminó perdiendo ese embarazo no deseado, como consecuencia de una crisis de estrés. A tres meses de la denuncia de la violación, la Justicia local no ha hecho nada para identificar al violador. Y para colmo, ahora se investiga si la pérdida del embarazo que sufrió la chica fue espontánea o inducida, revictimizando a la niña. El fiscal de la causa Carlos Pelliza obtuvo el aval para comprobar mediante una pericia si el aborto se produjo como consecuencia de algún producto medicinal.

La historia de V.O. –las iniciales de la chica– se conoció en febrero de este año. Estaba embarazada como consecuencia de una violación. El abusador había resultado ser su padrastro. La madre de la chica solicitó un pedido de aborto que fue autorizado por la jueza de Menores de Mar del Plata, Silvana Darmandrail, quien argumentó que el embarazo perjudicaba la salud psíquica de la víctima. Este fallo produjo el rechazo de organizaciones católicas locales, la apelación de una asesora de menores y la intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. En medio de esta pelea judicial, la joven perdió el embarazo producto del estrés y el desgaste al que fue expuesta en esos días.

Las demoras que en ese momento impidieron que la joven pudiera ejercer el derecho a abortar –amparado en el artículo 86 del Código Penal– hoy persisten a la hora de sancionar al culpable del abuso. Pese a tener el estudio de ADN de los restos del feto, lo que permitiría corroborar la denuncia de la madre e identificar al violador, la Justicia no citó todavía al supuesto abusador para extraer la muestra de sangre. La razón de esa situación es que para el juez de la causa, Roberto Errandonea, el padrastro nunca fue visto como sospechoso. “El fiscal Pelliza pidió una orden de detención, el juez se la negó por falta de pruebas y se cubrió con eso. No hubo otro avance en la causa”, denunció Cecilia Boeri, defensora general de Mar del Plata, quien se encargó en su momento del operativo de resguardo del material genético.

“Me dicen que van a realizar el estudio con unos pelos encontrados en un pulóver de él, pero quién me asegura que son de él”, relató la madre de la víctima. La bronca ante la falta de respuestas de la Justicia se mezcla con la angustia que siente al saber que el hombre, padre de sus otros dos hijos, ronda por el vecindario. “Varios vecinos lo vieron por la zona, en el colectivo que mi hija toma para ir a la escuela. Todo el apoyo psicológico que ella recibió se fue por la borda. Está nerviosa, tiene miedo de salir a la calle”, contó.

La defensora solicitará lo antes posible que se prohíba el acercamiento del sospechoso a la chica, pero es consciente de las trabas y dilaciones que se encontrará en el camino. “Casi no tenemos recursos para actuar. Es el fiscal que al fin y al cabo tiene la potestad de todo. Si todo sigue así, este caso va a quedar impune”, aseguró. Pelliza ya tiene fecha –el 6 de junio– para realizar una pericia de los restos del feto. Su objetivo es averiguar si el aborto espontáneo fue inducido por productos químicos. “Es terrible e indignante la forma en que están persiguiendo a la madre de la chica. No sólo el fiscal pidió la pericia, sino que también preguntó a los vecinos sobre la forma de vida de Mónica.”

Pelliza pertenecería a la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), una asociación católica que administra una universidad, cuya sede central está en Mar del Plata. También forma parte del equipo del fiscal general Raúl Fernández Garello, que ordenó a la asesora de menores Silvia Fernández apelar la medida de la jueza Darmandrail. “(Mónica) está siendo castigada por no haber aceptado la indicaciones y sugerencias de los grupos religiosos para que su hija tuviera el bebé y lo diera en adopción, con lo traumático que era eso para su vida”, evaluó la defensora.

El pedido de aborto había sido avalado por la jueza marplatense, por un pronunciamiento en contra de la Cámara Civil local y un dictamen de la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, en el que cita todos los informes psicológicos que figuran en la causa para habilitar el aborto terapéutico y además cuestiona la actuación de Garello en el caso.

La actitud del juez Errandonea también está bajo sospecha. “Dice que no hay pruebas para detener al violador, pero sí las hay”, sostuvo Boeri. “La nena identificó al autor del abuso, hay menciones de sus hermanos menores que fueron testigos de ciertas situaciones, la declaración de la madre con respecto a actitudes y conductas del hombre, el hecho que se haya fugado cuando se hizo la denuncia”, enumeró la defensora. “Todos me piden paciencia, pero no puedo esperar más. La Justicia es igual para todos, seamos o no católicos. Sólo pido justicia para mi hija”, dijo Mónica.

Informe: Elisabet Contrera