En un nuevo capítulo del drama que atraviesa la joven entrerriana MFC, que sufre una discapacidad mental y fue embarazada en una violación, su padre biológico notificó a las autoridades del Hospital San Roque de Paraná que está en contra de que se le practique el aborto no punible que reclama su madre hace ya un mes. Se espera que en las próximas horas, Sergio Alberto Colman apele el fallo de segunda instancia que levantó la prohibición para interrumpir la gestación. Detrás de estas jugadas, Colman no está solo. Lo guía un soldado de la Iglesia Católica: su abogado Mario Martínez, un hombre de profundas convicciones religiosas que participa activamente del Movimiento Apostólico de Schoenstatten. ¿Puede el padre biológico, aduciendo el ejercicio de la patria potestad, impedir que se concrete la práctica médica, cuando hace 16 años que no ve a MFC y nunca se ocupó de su crianza? Una jueza y tres abogadas consultadas por Página/12 consideraron que no tiene ningún derecho. Su abogado alega que “tiene derecho a ser oído”.

El debate sobre el valor que puede tener la posición del padre biológico para frenar el aborto no punible se abrió en las últimas horas, después de que el hombre expresara ante la jueza de Menores y Familia de Paraná Claudia Salomón su oposición a la interrupción de la gestación. Con una carta, además, notificó esta semana esa posición a las autoridades del Hospital Materno Infantil de la capital entrerriana, donde originalmente se había previsto realizar la intervención el 27 de agosto, antes de que la Justicia empezara a poner frenos a la práctica médica. Colman también declaró ante la magistrada que está dispuesto a incorporar a la hija a su obra social y a empezar a pasarle una cuota alimentaria, algo que no hizo nunca desde que se separó de la madre de MFC, Marta Gauna, hace unos 16 años. Colman tampoco se ocupó de la crianza y la educación de las otras tres hijas, ya mayores, que tuvo con la mujer.

Para la jueza Graciela Medina, integrante de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Capital Federal, el padre “no puede oponerse” a la intervención médica. “Aparece claramente que el interés superior de la hija es el aborto porque si no lo permite afectará su salud. El interés superior de la joven es el respeto a su salud integral. Si se dan las condiciones previstas en el artículo 86 del Código Penal no hace falta que el padre dé su autorización”, consideró la ex camarista civil de San Isidro.

En la Asociación de Abogados de Buenos Aires el tema fue discutido en las últimas horas en el ámbito de la Comisión de la Mujer que preside Nina Brugo. “El padre perdió el ejercicio legal de la patria potestad. El Código Civil en su artículo 264 inciso 5º establece que en los casos de convivencia, quien tiene la tenencia de hecho del hijo tiene la representación legal. Y la tenencia de hecho la tiene la madre. El padre biológico no tiene entidad legal para apelar ni obstruir el aborto no punible”, indicó Brugo a Página/12.

La profesora consulta de la UBA y reconocida experta en temas de Familia Nelly Minyersky, aclaró, por otra parte, que la “falta de autorización del padre no significa que el aborto se convierta en delito para los médicos, dado que está contemplado como no punible en el Código Penal”.

La docente de la UBA y abogada especializada en Derecho de Familia, Marisa Graham, aportó otra mirada: “En el Código Civil se define que hay algunos actos de los menores que requieren el consentimiento de ambos padres, pero en ningún momento está previsto que sea así ante una operación médica”, dijo Graham. Minyersky destacó que no existe en la literatura jurídica ningún caso en el que se hubiera demandado a “un médico por atender a un chico o chica en un hospital sin la autorización de los dos padres”.

La posición del abogado de Colman es otra. “En la medida en que se sienta responsable de su hija puede manifestar su opinión y tiene derecho a ser oído”, señaló Martínez. Y confirmó que está “estudiando” recurrir la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que el viernes pasado revocó la prohibición que había dispuesto la jueza Salomón para realizar el aborto no punible. El plazo para apelar el fallo vence mañana.

–Colman no ha ejercido la patria potestad de su hija en 16 años ni la ha visto en todo ese tiempo. ¿Por qué ahora expresa interés por su vida? –le preguntó Página/12.

–No ha ejercido la patria potestad pero no ha sido privado de ella. Si para salir del país se requiere de su autorización, con más razón si está pidiendo una práctica quirúrgica como un aborto –respondió Martínez.

–¿Por qué quiere obstaculizar el aborto no punible al que tiene derecho MFC?

–Hay dos derechos que entran en conflicto, los de sus representantes legales y el de la persona por nacer, que hay que contemplar como el derecho humano fundamental. Queremos tratar de evitar un mayor daño. Abortar produciría más daño.

Es curioso que en una causa que tramita en el fuero civil, el padre biológico tenga como representante legal un abogado laboralista. Martínez es un activo militante en la pastoral social de un movimiento mariano, de la Iglesia Católica. Consultado por este diario dijo que conoce a Colman desde “hace muchos años cuando tuvo un reclamo por un seguro de vida”. Colman es empleado del Túnel Subfluvial. Una fuente judicial que habló personalmente con Colman dijo que el hombre le confió que le han dicho que si no se opone al aborto “le va a caer algún juicio”.

Martínez reconoció en diálogo con este diario que es una persona de “profundas convicciones religiosas” y que realiza trabajo pastoral en el Movimiento Apostólico de Schoenstatten, que tiene una veintena de santuarios en la Argentina –uno de ellos en Paraná–, presencia en 42 países y alrededor de un millón de seguidores en el mundo.