Afiliados y dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Capital) que trabajan en el ámbito de la administración porteña denunciaron “una escalada sistemática de violencia por parte de patotas” vinculadas con otro gremio de la ciudad. En una conferencia de prensa, con la presencia de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y con la adhesión del Servicio de Paz y Justicia, el gremio reclamó una reunión con el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, para pedirle que “garantice la libertad sindical” en la ciudad.

Rodolfo Arrechea, secretario adjunto de ATE Capital, enumeró una serie de hechos violentos registrados en los últimos meses, que desembocaron hace dos semanas en un episodio que afectó a trabajadores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del gobierno porteño, que cumplen funciones en el ex Hospital Rawson, en Constitución.

“Cuando los afiliados de ATE estaban realizando una asamblea, apareció un grupo de gente vinculada con el Sutegba (el Sindicato Unico de Trabajadores y Empleados del Gobierno de la Ciudad) que impidió la reunión y agarró a trompadas al delegado del sector, Ignacio Panaino”, denunció Arrechea.

El episodio, según la denuncia, habría ocurrido el 31 de agosto, a las 11. Según los denunciantes, la situación se agravó el 6 de septiembre, cuando los trabajadores del sector, acompañados por la directora de Niñez y Adolescencia, Carmen Frías, intentaron retomar las actividades en el Rawson. En esas circunstancias, “una patota de 50 personas impidió que los trabajadores pudieran retomar sus tareas”. Es decir que los trabajadores de ese sector, en su mayoría profesionales y operadores que trabajan en la asistencia a chicos en situación de calle, no pueden desde entonces concurrir a su lugar de trabajo.

Arrechea enumeró otros episodios violentos, entre los que mencionó un “apriete” ocurrido el 23 de mayo, durante la elección de los delegados del “Espacio para la memoria”, en la que “un grupo de choque nos obligó a hacer la elección en la calle”, dijo. También mencionó una agresión contra una delegada del Hospital Vélez Sarsfield, a quien “le balearon la casa”.

Arrechea destacó el apoyo que recibieron de parte del ministro de Derechos Humanos y Sociales, Omar Abboud, en quien “encontramos buena disposición para resolver el problema, aunque el tema lo excede”.

El gremio, que cuenta con 4200 afiliados en la administración porteña –especialmente en los sectores de salud y cultura–, reclama “el cumplimiento del derecho a la libertad sindical y la falta de reconocimiento por parte del gobierno porteño”, que “nos excluye de la discusión paritaria”, aseguró Arrechea.