La señal fue clara. La excusa, una reunión del jefe y la vicejefa de Gobierno, Mauricio Macri y Gabriela Michetti, con jueces, fiscales y defensores contravencionales. Allí, el macrismo manifestó su firme apoyo a penalizar las protestas en la calle, y lo hizo como stopper del fiscal general porteño Germán Garavano, quien inició en el día de ayer una causa por los cortes de calles realizados por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

El objetivo de la reunión, aseguraron cerca de Macri, fue transmitir desde el nuevo gobierno un aval a los jueces y fiscales para que avancen en lo que el macrismo llama “defensa de lo institucional” y la oposición define como criminalización de la protesta social, uno de los objetivos que el macrismo tiene como bandera desde sus primeras incursiones como candidato porteño.

Por su parte, desde el gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, repudió las medidas y definió el método como “poco racional y descalificable”. El miércoles pasado, en reclamo de mayor seguridad laboral, los trabajadores afiliados a la Uocra habían protagonizado una protesta con una treintena de piquetes espontáneos en puntos neurálgicos de la ciudad. La sorpresiva medida generó intrigas en el gobierno nacional y preocupación en el porteño. Dos días antes, el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, se había mostrado junto a la presidenta Cristina Kirchner durante la inauguración de un hotel del sindicato. El hecho, en un contexto de intensas disputas por la conducción de la CGT, tuvo fuertes connotaciones políticas. Quizá sea por eso que en derredor de la Rosada aseguren que los cortes apuntaron contra el macrismo.