“El objetivo es reducir en cinco años al 50 por ciento la cantidad de accidentes viales seguidos de muerte”, dijo ayer el ministro del Interior, Florencio Randazzo, parafraseando a la Presidenta. Enfrente estaba la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación, reunida para escuchar los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Vial. “Es un desafío que necesita la colaboración de todos”, les aclaró el ministro, que todavía espera que los gobernadores de Salta, San Luis y Neuquén se sumen al pacto federal firmado en agosto pasado, algo que él mismo da por descontado. Hoy, el plan sería debatido por el Senado, donde “hubo muy buena recepción de los partidos políticos opositores”, aseguraron fuentes del Ministerio.

“Esto es de vital importancia porque permitirá que la puesta en marcha del plan sea integral, es decir que todas las jurisdicciones quedarán bajo la órbita de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que se crea (sería un organismo autárquico con presupuesto propio) y, al mismo tiempo, esto implicará una mayor eficiencia en la aplicación de las medidas”, explicó Randazzo, quien llegó al Senado acompañado por el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, y el titular del bloque oficial, Miguel Angel Pichetto. En su exposición, el ministro trazó los ejes en los que está basado este plan, que contempla la aplicación de un sistema nacional de licencias de conducir, una boleta unificada de infracciones y la puesta en marcha del Registro Unico de Antecedente de Tránsito.

También se implementarían controles de velocidad a través de radares homologados en las rutas nacionales, el control de velocidad en las cabinas de peaje y la instalación de un sistema de GPS en todo el transporte de carga y pasajeros para verificar la velocidad a la que circulan. A quienes cometan una infracción grave se les retiraría el registro –como medida cautelar– y estarían obligados a comparecer ante la autoridad competente en un plazo que no exceda los treinta días. La educación vial llegaría a las escuelas como forma de prevención, además de un sistema para los autos nuevos: un cinturón de seguridad con alarma, que suena si la persona no se lo abrocha. El control de alcoholemia se extendería a todo el país.

Por otro lado, Randazzo advirtió que por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “todos los días ingresan un millón doscientos mil autos de distintos puntos del país”, por lo cual sus conductores no podrán ser pasibles de los mismos controles y sanciones que los porteños cuando entre en vigencia el sistema de scoring de la ciudad. Esto haría que no se aplique el sistema en forma equitativa; por eso, para el ministro el registro tiene que ser nacional, “más allá de que celebremos el interés del gobierno de la ciudad y de sus legisladores” por sancionar normas que sirvan para reducir el número de accidentes de tránsito.

Según estimó Randazzo, el proyecto para modificar la actual Ley de Tránsito 24.449 que elevó el Gobierno al Congreso podría ser aprobado en aproximadamente “treinta días”, aunque su implementación se tendrá que hacer “en forma progresiva y simultánea con todas las provincias”.