El caso de la maestra amonestada por proyectar un video sobre el aborto con imágenes manipuladas dejó en evidencia el incumplimiento por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Neuquén de garantizar, de acuerdo a la Ley Nacional 26.150, “procesos permanentes de capacitación y formación sistemática para otorgar a los docentes las condiciones adecuadas para la enseñanza de contenidos de educación sexual integral”. Así lo advirtió el supervisor escolar Daniel Pérez, que llevó adelante el sumario administrativo abierto contra la maestra. Lo paradójico es que el Consejo Provincial de Educación, el órgano colegiado que define la política pública en materia de educación en la provincia, convocó en 2008 a tres reconocidas expertas en la temática para elaborar un programa para llevar la educación sexual integral a las aulas. Las convocadas fueron Carmen Reybet, Susana Allende y Ruth Zurbriger. Trabajaron seis meses, entre junio y diciembre de ese año, con horas rentadas, y entregaron el 13 de enero de 2009 un detallado documento, que tuvo en cuenta la perspectiva de género y de los derechos humanos, y que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo. Para su elaboración, consultaron a 207 docentes. Durante el ciclo 2009 no se implementó. En algunas aulas de escuelas primarias y secundarias se dicta educación sexual, pero a partir de la iniciativa de docentes. “La acción sumaria es clara en marcar la ausencia y responsabilidad del Estado, dado que a estas temáticas no se les ha otorgado un lugar en la formación docente. El Consejo Provincial de Educación también deberá realizar su autocrítica”, opinó María Trpín, de la ONG que acompañó la denuncia.