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La causa para investigar los crímenes del franquismo fue impulsada por Rivas y otros familiares de personas asesinadas, a principios de 2010, con el respaldo de organismos defensores de los derechos humanos de Argentina y España, entre ellos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, el Serpaj y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Basado en los convenios de justicia internacional que permitieron al juez Baltasar Garzón investigar los delitos de la última dictadura argentina y detener a Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998, la querella denuncia directamente al Estado español solicitando a la jueza federal María Servini de Cubría que recabe una lista de los ministros, los mandos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Armada y dirigentes de la Falange en actividad entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones tras la muerte de Franco. También se requiere que se remita un listado con el número de desaparecidos, asesinados y torturados; otro de las fosas comunes halladas en España; un censo de los menores apropiados ilegalmente y los nombres de “las empresas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos”.

El 14 de octubre de 2010 Cubría libró un exhorto en que solicita que la Justicia de España responda una pregunta aparentemente sencilla. ¿Se están investigando los crímenes del franquismo?

“Ya está preparada la contestación a lo que nos dicen desde España, que es completamente falso. Afirman que sí, que se está investigando en las causas iniciadas por Baltasar Garzón. Pero a él se lo procesó por ‘prevaricato’ y fue suspendido por haber intentado juzgar los crímenes de la Guerra Civil. Es decir que en España no hay justicia, no del momento en que los criminales enjuician al juez. Por eso, rechazaremos su respuesta”, explica Rivas.

En su respuesta, la Fiscalía General de España aseguró que en ese país “se han tramitado y se están tramitando” procedimientos judiciales relativos a los crímenes del franquismo. Sin embargo el equipo legal, integrado por abogados de Argentina y España, rechaza esa afirmación y adelanta a Página/12 que en los próximos días enviarán una presentación al juzgado argentino para desmentir lo expuesto por España y pedir a la jueza que ordene medidas de prueba para verificar si es que son ciertos los puntos argumentados. El abogado Ricardo Daniel Uñiz, que integra la querella, explicó a este diario que los informes enviados son incompletos y constituyen una contestación “bastante elíptica que quiere salir elegantemente del asunto, sin contestar la verdad”.

El informe destaca en el punto número uno de sus conclusiones que “en España se han tramitado y se están tramitando en la actualidad numerosos procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura, tanto en la eliminación física de los ciudadanos partidarios de la República y de la forma democrática de gobierno, como la desaparición de menores, a los que se refiere la Comisión Rogatoria”.

Esa respuesta, “más que insatisfactoria, no es completa”, señaló Uñiz. “Los juzgados en que, dicen, se está investigando son los que recibieron las denuncias de la causa madre iniciada por el juez Baltasar Garzón”, criticó en primer término el abogado. Garzón había iniciado la megacausa en diciembre de 2006 en base a las denuncias presentadas por la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica. Luego, explicó su colega del equipo legal Máximo Castex, Garzón se inhibió de actuar en los hechos pertinentes a la “recuperación del cadáver (de las víctimas del franquismo) o (la) constatación de la inexistencia del mismo” y empezó a distribuir la investigación en las distintas provincias de España.

Sin embargo, en 2008, fue procesado por prevaricato –aplicar incorrectamente la ley en forma intencional– y quedó suspendido en su cargo. “Después de lo que le pasó a él, un juez de reconocimiento internacional, que quiso investigar y terminó procesado, ¡qué le espera a un juez ignoto de una provincia de España!”, reflexionó Castex. Entonces, “el problema está en que cuando llegan esas causas se archivan automáticamente: en algunos casos por prescripción o por una cuestión de competencia, ya que los jueces de turno buscan que se haga cargo el Tribunal Superior de España”, describió.

Además, el pedido de la querella, conformada por Darío Rivas, Inés García Holgado y Silvia Carretero junto a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, excede el conocimiento de dónde están los restos. “Pedimos que se juzgue a los responsables, porque aunque son pocos los que quedan vivos, todavía andan sueltos”. Con precisión, la jueza había solicitado que se informe si en España “se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles, a través de su eliminación física, la desaparición ‘legalizada’ de menores de edad con pérdida de su identidad, entre 1936 y 1977”.

“Es al menos llamativo cómo se utiliza, de acuerdo a la propia estrategia, un argumento u otro”, resaltó Castex en referencia a la actuación de Garzón. “Aparte, a nivel político no hay voluntad de investigar los crímenes de franquismo en España, eso se ratificó en julio (último), cuando no se derogó la Ley de Amnistía de 1977”, señaló.

Por esos, entre otros argumentos, Uñiz adelantó que la querella hará “una presentación en los próximos días para que Cubría constate si las causas están avanzando o si han quedado cajoneadas”. Castex, por su parte, expresó su confianza en que la Justicia argentina, que “demostró ser un faro a seguir a nivel mundial respecto de la temática de delitos de lesa humanidad”, superará estas trabas.