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“Los proyectos de ley de envases son postergados en el Congreso nacional por el poder de lobby de las empresas más importantes del plástico”, denunció Claudia Neira, legisladora porteña (Buenos Aires para Todos), y señaló que, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, “la Ley 1854, de Basura Cero, establece que las empresas que utilizan embalajes y envases deben hacerse cargo de la gestión de estos residuos, pero los decretos reglamentarios dictados por el Ejecutivo porteño se limitaron a crear una comisión ad honorem para estudiar el tema.”

Además, “el Gobierno de la Ciudad, por resoluciones de 2005 y 2007, establece la obligación de separar los residuos, a cumplir por los generadores especiales. Aproximadamente un 30 por ciento de los residuos proviene de los grandes generadores comerciales, institucionales o industriales. Pero este gobierno sólo presenta un listado de 62 establecimientos, cuando hay unos 11.000”, según la legisladora.

“Desde hace cuatro años venimos trabajando a favor de una ley que responsabilice al productor por los residuos que generen sus productos; está prevista para residuos electrónicos, pero vale también para una ley de envases”, contó Consuelo Bilbao, de Greenpeace Argentina.

“La idea es que el que contamina, paga. La empresa es responsable de toda la existencia del producto. La ley, que tiene media sanción del Senado, dispone que el productor se haga cargo del residuo”, explicó.