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Durante el año pasado, las Comisarías de la Mujer y la Familia de la provincia de Buenos Aires recibieron un promedio de 445 denuncias por violencia cada día. A lo largo de 2014, fueron registradas 162.204, es decir, 43 por ciento más que en 2012 y 38 por ciento más que en 2013. Además, la Central de atención de urgencias (no de denuncias) 911 recibió 396.295 llamadas por violencia familiar en los 12 meses, lo que hace un promedio de unas 1090 cada día. Los datos forman parte de un informe preliminar del que cada año da a conocer el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que también da cuenta de que “existe una acentuada concentración de las políticas públicas enfocadas a la denuncia y atención en la urgencia de la violencia familiar, en desmedro de su prevención, el seguimiento de los procesos judiciales y la sanción efectiva de las situaciones de violencia extendidas en el tiempo”.

Durante el año pasado, el 74 por ciento de los denunciados fueron varones; de ellos, el 72 por ciento eran parejas o ex parejas de las víctimas (en el 35 por ciento de los casos, ex cónyuges o ex convivientes; en el 28, cónyuges o convivientes; en el 9, pareja que no convive o novio). En 1158 hechos denunciados, el victimario era miembro de una fuerza de seguridad.

El 75 por ciento de las víctimas eran mujeres (71 por ciento de ellas mayores; 4 por ciento, menores). El 67 por ciento de ellas denunciaron haber sufrido agresión verbal, psicológica o emocional; el 22, física; el 10, económica y patrimonial; el 1, sexual.

El registro tiene inconvenientes. Las cifras “no relevan los indicadores de repitencia, es decir, la cantidad de personas que denuncian más de una vez al mismo agresor por distintos hechos”, de modo que las distintas formas de agresión a las que recurre un mismo victimario quedan desperdigadas en los datos. Por ello, “la información oficial no permite dar cuenta de la forma en que se expresan los distintos tipos de violencias en un mismo hecho denunciado”. Los registros tampoco dan cuenta de “las denuncias que las mujeres realizan en sede policial (por llamada telefónica o personalmente) sobre los incumplimientos de las medidas de protección” ordenadas por la Justicia.