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“No hay un sistema que propenda ir en contra de los derechos humanos”, afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, como respuesta a la dura crítica del informe presentado ayer a la Suprema Corte bonaerense por parte de la Comisión Provincial por la Memoria respecto del funcionamiento del Sistema Penitenciario. La comisión que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel calificó de “depósitos humanos” a las unidades penitenciarias y de “política de exterminio” a la que rige en las cárceles provinciales. La respuesta de Solá se hizo oír mientras recorría una prisión de máxima seguridad del partido de Urdampilleta con capacidad para 480 detenidos, que se inaugurará en los próximos días.
Según el informe de la Comisión, basado en datos del Ministerio de Justicia bonaerense, “en los dos primeros meses murieron 29 internos, 17 de los cuales han sido por herida de arma blanca, 9 por asfixia y quemadura y 3 por ahorcamiento”, en tanto que otros 9 fallecieron a causa del sida. Y si bien las críticas se concentraron en el Ejecutivo, Pérez Esquivel consideró que “hay responsabilidad de los tres poderes”.
Por su parte, luego de recorrer las instalaciones concéntricas de la cárcel de máxima seguridad de Urdampilleta, Solá reconoció que “hay un hacinamiento en 38 unidades penitenciarias donde se alojan 25 mil detenidos”, más otros “5 mil que están en comisarías” y admitió que esta situación puede generar otras “situaciones de violencia”, aunque repartió responsabilidades: “Ello obedece a que se endureció el Código Procesal Penal (en marzo de 2000) y a que muchos jueces penales son proclives a encarcelar preventivamente”.
Pese a su reconocimiento de la situación extrema que viven los presos, el gobernador no descartó la posibilidad de que se generen revueltas similares a las de las cárceles de Coronda (Santa Fe) y San Martín (Córdoba). “Espero que no”, fue la expresión utilizada por él. Para complementarlo, el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, enumeró a Página/12 las medidas adicionales que se tomaron al respecto: “Suspendimos vacaciones, aumentamos la carga horaria (de vigilancia) y, según los grupos de inteligencia interna en los penales, no tenemos ningún indicio” que haga suponer intentos masivos de fuga o revueltas.
En una visita a Urdampilleta, a unos 400 kilómetros de la Capital Federal, Solá explicó que una de las maneras de combatir la superpoblación carcelaria que motiva duras y continuas críticas es “construyendo cárceles”. La unidad que ayer recorrió en ese partido bonaerense de 2500 habitantes sostenido por la ganadería y agricultura alojará a 480 presos que requieran máxima seguridad. La inversión que la provincia hizo para ese edificio de 11 mil metros cuadrados ascendió a los 14 millones de pesos.
La unidad –construida en 11 meses– se enmarca en la edificación y remodelación de unas 20 cárceles y alcaidías, siete de las cuales culminarán este año y estarán en condiciones de descomprimir la cantidad de detenidos de los penales superpoblados. La edificación había sido solicitada por el Foro Comunitario local, mediante un proyecto presentado en 1999 “para dar una vuelta de tuerca” a la vida del pueblo, sostuvo Roberto Gelvez, uno de sus integrantes.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.